Estrategias contra la violencia de género desde la administración de justicia
Strategies against gender violence from the administration of justice
Leticia Mercy Silva Chávez*
Fiscalía Provincial de familia de Lima
(Lima, Perú)
https://orcid.org/0000-0001-5813-5301
Resumen: La violencia contra la mujer es un fenómeno social de salud pública y derechos humanos. Se expresa de diversas formas como violencia f ísica, psicológica, sexual y patrimonial. Ante el incremento de este fenómeno en el Perú, se promulgó la 30364, Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, con fecha 23 de noviembre de 2015. A partir de ese momento, el Perú penalizó toda forma de violencia contra la mujer. Sin embargo, a cuatro años de vigencia, el Estado, en general, y la administración de justicia, en particular, no han dado respuesta eficaz a este problema.
El presente trabajo se ha sustentado en informes, estadísticas, normativa, estudios de investigación y doctrina. Se aplicó el método descriptivo, analítico, identificándose brechas en el sistema de justicia peruano. El objetivo principal es reconocer el fenómeno de la violencia contra la mujer desde la perspectiva de género, identificar las brechas existentes desde la promulgación de la ley, y aportar estrategias de actuación integrales en el ámbito policial, fiscal y judicial, abordando las áreas de prevención, investigación, sanción y atención. Finalmente, se busca la articulación interinstitucional con otros sectores: educación, salud, trabajo, entre otros. El fin de este trabajo es contar con una mirada integral del fenómeno social de la violencia contra la mujer identificando estrategias eficaces desde la administración de justicia.
Palabras clave: violencia contra la mujer, perspectiva de género, brechas de género, estrategias de actuación, sistema de justicia
Abstract: Violence against women is a social phenomenon of public health and human rights. It is expressed in various ways such as physical, psychological, sexual and patrimonial violence. Given the increase in this phenomenon in our country, Law 30364 was passed - law on prevention, sanction and eradication of violence against women and members of the family group, dated November 23, 2015. From that moment on Peru criminalized all forms of violence against women. However, four years in force, the State in general and the administration of justice in particular has not given an effective response to this problem.This work has been based on reports, statistics, regulations, research studies and doctrine. The descriptive, analytical method was applied, identifying gaps in the Peruvian justice system. As our main objective is to recognize the phenomenon of violence against women f rom a gender perspective, identify the gaps that exist since the law was enacted, and provide comprehensive action strategies at the police, tax and judicial levels, addressing the areas of prevention, investigation, sanction and attention. Finally, articulating interinstitutionally with other sectors such as education, health, work, etc. The purpose of this work is to have an integral view of the social phenomenon of violence against women, identifying effective strategies f rom the administration of justice.
Key words: violence against women, gender perspective, gender gaps, action strategies, justice system
Recibido: 2/04/2020
Revisado: 4/05/2020
Aprobado: 10/05/2020
Financiamiento: Autofinanciado
1. Introducción
La violencia contra la mujer es un fenómeno social multicausal. Su visibilización pasa por reconocer la evidente vulneración de derechos humanos en agravio de las víctimas. El Perú ante el incremento de este fenómeno, cuya expresión máxima se evidencia en el delito de feminicidio, no ha estado ajeno a la implementación de políticas públicas a fin de erradicarlo. Con la promulgación de la 30364, Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, se penalizó toda forma de violencia contra la mujer, abordándose nuevos enfoques y principios. El enfoque de género es uno de ellos, que como categoría de análisis coadyuva a la construcción de estrategias desde una mirada integral del problema social.
En cuanto a este fenómeno, las cif ras estadísticas son alarmantes. En el mundo, casi la mitad de todas las mujeres (47 %) asesinadas durante el 2012 fueron a causa de «sus compañeros íntimos o familiares, en comparación con menos del 6 % de las víctimas masculinas» (UNODC, 2013, p. 4). En los últimos años, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del Perú, registró 1277 feminicidios de enero del 2009 a octubre del 2019. Así también se registró 268 feminicidios en grado de tentativa entre enero de 2018 y 30 de junio de 2019. Por su parte, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú registró 152 casos de feminicidio de enero a noviembre del 2019, superando todo pronóstico de reducción de este flagelo mundial. En cuanto al delito de feminicidio, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público registro 149 mujeres muertas a manos de sus parejas por razones de género en el 2018, cif ra que se ha incrementado en el 2019 con el registro de 169 mujeres muertas violentamente por sus parejas o exparejas. Finalmente, la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público entre enero de 2016 y noviembre de 2019 ha registrado 614 117. Data que no visibiliza la cifra negra aún oculta debido a factores como falta de denuncia, información de derechos, procedimientos, minimización o normalización de la violencia por la víctima, familiares entre otras causas.
Ante este panorama la sensación de impunidad y falta de predictibilidad del sistema de justicia peruano se pone de manifiesto en el sentir de las víctimas y la sociedad en su conjunto. Desde la aplicación de la Ley n.º 30364, no se ha dado respuesta eficaz a la erradicación de este flagelo, percibiéndose brechas en diversos sectores del Estado en general y en la administración de justicia en particular.
El objetivo principal es proponer estrategias de actuación integrales desde el sistema de justicia (Policía, Fiscalía y Juzgado), que respondan de manera eficiente y eficaz a la disminución o erradicación de este problema. Se debe identificar las barreras de cada institución, implementando instrumentos y mecanismos eficaces y estableciendo una articulación con las instituciones del sector Salud, Educación y Trabajo.
Cabe señalar que las fuentes obtenidas y analizadas han sido insuficientes al ceñirse solo a algunas brechas y regiones del Perú como el caso del estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, a través de encuestas y entrevistas a operadores y operadoras jurídicos como usuarias víctimas de violencia. Sin embargo, la data estadística obtenida del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), CEPAL, UNODC, demuestran un incremento en el delito de feminicidio, máxima expresión de la violencia contra la mujer. Por consiguiente, se hace necesario identificar de manera global las brechas que nos siguen aquejando, a fin de contar con una visión holística del problema e implementar estrategias integrales desde el sistema de justicia.
El artículo está organizado, en primer lugar, para comprender el fenómeno social de la violencia contra la mujer desde la perspectiva de género. En segundo lugar, se identifica y se da a conocer las brechas existentes en la administración de justicia a partir de la dación de la Ley n.º 30364, respetando las competencias de la Policía, Fiscalía y Juzgados. Finalmente, atendiendo los hallazgos obtenidos de estudios de investigación, data estadística, doctrina, como otras fuentes analizados se recomienda estrategias de actuación integrales desde la administración de justicia.
2. Antecedentes de la violencia contra la mujer
Zurita (2013) refiere que «la violencia de género es una práctica que viene desde los primeros años de la humanidad. Los regímenes de convivencia antiguos ya establecían claras diferencias entre hombres y mujeres en que el varón era el dominante» (p. 4). Por su parte, Bebel (1879) refiere lo siguiente:
La discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera forma de explotación existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son numerosos y antiquísimos. Algunos datan del año 400 A. C., cuando las leyes de Bizancio establecían que el marido era un Dios al que la mujer debía adorar. Ella ocupaba un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno. (p. 13)
El fenómeno de la violencia contra la mujer tiene su base en la cultura machista, donde se establecen patrones o roles sexistas. Así un hombre deberá ser fuerte, proveedor, dominante, mientras que la mujer deberá ser sumisa, reproductiva, débil. La enseñanza-aprendizaje (socialización) empieza en la familia y se va empoderando en las demás instituciones como el vecindario, la escuela, el trabajo, entre otras.
Es en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres se evidencia el desequilibrio de poderes entre hombres y mujeres. Entre muestras de amor y malos tratos hacia la mujer, se instala el ciclo de violencia entre la pareja, creciendo en intensidad en el tiempo y poniendo en una situación de riesgo latente a la mujer. La manipulación que ejerce el agresor genera en la víctima confusión entre sus sentimientos y el temor a represalias. Su autoestima se ve afectada gradualmente, llegando en algunos casos a culpabilizarse de las reacciones violentas de su pareja, en otros es el temor que la paraliza. Un factor de riesgo muy presente en las víctimas es la dependencia emocional y material (la mujer no cuenta con medios económicos propios), dificultando su salida de una relación tóxica que la ira afectando gravemente con el tiempo.
En cuanto al agresor, este considera que su actuar violento se justifica en la actitud de rebeldía de su pareja. Es su papel instruirla y darle reglas para que no vuelva a inf ringir sus órdenes. Los castigos que infiere a su pareja suele minimizarlos o justificarlos en la conducta de su víctima o en factores externos como perdió el trabajo, tiene estrés, se encuentra frustrado, etc.
La expresión más extrema de violencia contra la mujer es el feminicidio, muerte violenta que tiene su raíz en la discriminación de la mujer por razones de género. Asimismo, es el resultado de una continua violencia previa en agravio de la víctima, siendo que la mujer se pondrá en un alto riesgo si decide salir del dominio de su agresor, sin el apoyo de redes a su favor como es los operadores jurídicos como la policía, fiscalía, juzgados, defensores, equipos multidisciplinarios.
2.1. Violencia contra la mujer
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer —Convención de Belém do Pará (1994)—, ha señalado: «Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado» (art. 1). Por su parte, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW mediante la Recomendación General n.º 19 (1992) declaró «La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre» (párr. 1).
Las normas citadas no hacen más que evidenciar el desequilibrio de poder en que se encuentran muchas mujeres por su condición de tal, colocándolas en una situación de vulnerabilidad que se acrecienta cuando más tolerancia social e institucional existe en una sociedad. Los Estados se encuentran obligados a garantizar y proteger los derechos y libertades de las mujeres, debiendo implementar acciones positivas que aborden estrategias en prevención, investigación, sanción y atención. Tal es así que el sistema interamericano a través de la Convención de Belém do Pará (1994) establece lo siguiente:
Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:(...) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (...)» (art. 7).
2.2. Violencia desde el enfoque de género
En cuanto al género, este engloba a las características que social y culturalmente se atribuyen a los varones, a las mujeres y a las personas en general. Cabe señalar que el género no solamente implica una diferenciación entre lo estimado como femenino y lo considerado como masculino, ya que establece una jerarquía entre ambas identidades y categorías, dado que los valores y atributos asociados a lo masculino suelen ser más valorados que aquellos asociados a los femenino (Ruiz, 2008, pp. 3 y 10).
Así, podemos apreciar que el género es una construcción sociocultural, que tiene relación directa con los roles que son impuestos al varón y a la mujer, a lo largo de toda su vida, con el objeto de hacer aparecer a las personas de uno y otro sexo como seres diametralmente opuestos.
La violencia basada en género hace alusión a aquella acción o conducta que tiene una relación estrecha con un orden social que discrimina a las mujeres y desvaloriza lo femenino, a la vez que construye y perpetua las desigualdades de género (MIMP, 2016, p. 22; Valega, 2019, p. 46). Ante dichas afirmaciones se sostiene que la raíz de la violencia contra la mujer se basa en la construcción sociocultural del sistema machista aún imperante en las sociedades que coloca a las mujeres en desigualdad de condiciones f rente al hombre y en un estado de discriminación constante que no permite ejercer sus derechos y libertades a plenitud.
Lagarde y Huaita (2010) consideran «importante manejar un lenguaje común entre los operadores y operadoras jurídicas, integrando el enfoque de género a su quehacer diario, entendiendo este instrumento como una categoría de análisis que permite hacer evidente la desigualdad entre varones y mujeres» (p. 17). Integrar el enfoque de género en el sistema de administración de justicia contribuye a concientizar la complejidad del fenómeno que aqueja, abordando los operadores y operadoras jurídicos los casos en concreto de manera integral. Su implementación coadyuvará a calificar debidamente el delito, emitir medidas de protección específica al caso en concreto, proporcionar el tratamiento interdisciplinario a favor de la víctima (legal, social, psicológico, laboral) etc.
2.3. Factores de riesgo
Los factores de riesgo crean asimetrías entre hombres y mujeres, instalándose desequilibrio de poderes. El empoderamiento de patrones socioculturales en la sociedad genera una serie de barreras como la tolerancia social e institucional, violación de derechos humanos, ineficacia en el sistema de justicia, manejo de estereotipos sexistas, uso o acceso de armas de fuego, consumo de sustancias psicotrópicas como las drogas o alcohol, trastornos de personalidad, denuncias anteriores de violencia, frecuencia e intensidad de los hechos de violencia entre otros. A lo anteriormente mencionado, surgen nuevos factores de riesgo, como la falta de apoyo de redes sociales, escasa información de derechos y procedimientos, ausencia de centros de acogida, entre otras.
2.4. Estereotipos de género
Uno de los factores de riesgo a desarrollar es el manejo de estereotipos de género por la sociedad. Cook (2009) lo define como «una visión generalizada o idea preconcebida sobre los atributos o características que tienen o deberían tener, o sobre los papeles que cumplen o deben cumplir hombres como mujeres» (p. 183). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) ha puntualizado que los estereotipos de género mayormente se encuentran asociados a la subordinación basada en género de las mujeres y de lo femenino (párr. 401). Estas preconcepciones impiden avanzar en cambios estructurales en la sociedad. Siendo que el sistema de justicia no está lejano al manejo de los mismos.
2.5. La víctima de la violencia de género
Con respecto a la transmisión de la violencia por medio de los roles de género, Mora (2013) señala:
en general, las mujeres provenientes de hogares con violencia hacia las madres presentan un 57 % de probabilidad de ser agredidas de alguna manera por su pareja, mientras las que aseguran que su hogar materno era pacifico alcanzan una propensión de 40 %, esto nos hace pensar que la aceptación de la violencia es una actitud aprendida desde la niñez, por lo que desde temprano se toma como natural que el padre castigue a la madre; por lo tanto el hombre aprende desde niño que parte de su hombría es mostrar su superioridad, ante la mujer, demostrando su fuerza física, sus órdenes o mandatos, a los cuales la mujer debe someterse de acuerdo al modelo de victima proporcionado por su madre. (p. 34)
La Ley n.º 30364 considera a la mujer como sujeto de protección: «Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor» (art. 7, inciso a). Esta definición está alineada a lo establecido por la Convención de Belém Do Pará.
2.6. El agresor en la violencia contra la mujer
No existe un perfil único de agresor, se trata de un hombre sexista formado en sus relaciones interpersonales, buscando el control hacia su pareja. Al inicio de la relación sentimental, se mostrará como un hombre seductor, preocupado por su pareja, a quien le expresará afecto y a la vez establecen reglas de conducta, donde predominan sus intereses personales.
Existen un conjunto de factores individuales y de contexto que explican por qué algunas personas presentan mayor probabilidad de desplegar actos de violencia en situaciones en las que las mujeres quebrantan los estereotipos antes descritos. Algunas características de personalidad de los agresores son las siguientes: el aprendizaje de creencias que toleran o justifican la violencia (Antón, 2014, p. 71), las frustraciones originadas por experiencias como privaciones económicas o experiencias de abuso (Agnew, 2006), la baja capacidad de autocontrol (Gottf redson y Hirschi, 1990) y la ausencia de lazos sociales (Hirschi, 1969).
En la dinámica de control, el agresor considera que su pareja le pertenece y siente frustración ante la posibilidad de perderla. Pueden presentar algunas características como baja autoestima, déficit del control de sus impulsos, dificultad para expresar sentimientos y emociones, formación sexista entre otras.
2.7. Ciclo de la violencia
Leonor Walker (1979), psicóloga estadounidense, en base a testimonios ha concluido que las mujeres víctimas de violencia son agredidas de manera intermitente, por ende, existen fases, donde las manifestaciones de malos tratos son diferentes.
Así tenemos que la violencia contra la mujer se explica en el ciclo de la violencia. Por un lado, las señales de violencia se originan por lo general en el noviazgo, pasando desapercibidas. Iniciada la relación de pareja las expresiones de cariño e ira por el agresor son f recuentes, lo cual genera en la mujer duda y confusión. Con el paso del tiempo se irán acumulando tensiones, se suscitarán problemas de cualquier índole, por mínima que sea, provocará disconformidad en el agresor.
Las manifestaciones iniciales suelen ser agresiones verbales (psicológicas) cuyo objetivo es minar la autoestima de la mujer. Posteriormente los maltratos serán f ísicos, económicos, sexuales. El agresor buscará en esta dinámica perversa justificar sus reacciones, pasándose a la etapa de luna de miel, donde el agresor pedirá perdón y será perdonado. Luego del perdón de la víctima al agresor, la violencia se irá incrementando con el tiempo poniendo en alto riesgo a la mujer. A medida que la víctima quede indefensa ante el aislamiento social y las reglas impuestas, su autoestima decaerá dejándola sin fortaleza para salir de dicha situación. Con el tiempo la violencia que ejerza el agresor, será desmotivada y hasta desproporcionada.
Corsi (como se citó en Echebarrúa y Corral, 2006) afirma que «la conducta violenta en casa supone un intento de control de la relación y es reflejo de una situación de abuso de poder, resulta por ello explicable que el maltrato lo protagonicen los hombres y se de contra las mujeres, los niños y los ancianos por ser los sujetos más vulnerables en el hogar».
2.8. Consecuencias de la violencia en la victima
De acuerdo al estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas, citado en el Informe de Adjuntía n.° 063-2017-DP/ADM-Defensoría del Pueblo, se señala:
La violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas formas y se encuentra presente tanto en el ámbito público como en el privado. La prevalencia de determinado tipo de violencia varía de acuerdo al contexto social, económico, cultural y político, lo cual también determina que las manifestaciones puedan ser cambiantes, presentándose nuevas formas de violencia de acuerdo a los cambios que se producen en la sociedad. Una de las manifestaciones más antiguas y extendidas es la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, que involucra violencia física (golpes, puntapiés, empujones, jalones de cabello, entre otros), violencia psicológica (insultos, humillaciones, conductas de control), violencia sexual (actos sexuales sin consentimiento o sometimiento a actos humillantes para la mujer), violencia económica (control sobre sus ingresos, gastos, no permitirle disponer de su dinero) y el feminicidio íntimo, el más grave de todos. Con relación a la salud mental, cualquier manifestación de violencia afecta la salud psicológica de la agraviada.
Las consecuencias más comunes en la víctima son baja autoestima, dependencia emocional y material, valores sociales tradicionales, estrés, incomunicación y aislamiento social; confusión por bloqueo emocional, desmotivación, miedo y desesperanza entre otras manifestaciones que colocan a la víctima en una situación de vulnerabilidad constante f rente al agresor.
3. Brechas existentes en la administración de justicia desde el ámbito policial, fiscal y judicial en los casos de violencia contra la mujer
La violencia contra la mujer es un asunto que atañe a todos los sectores del Estado. Desde la aplicación de la Ley n.º 30364, la Administración de Justicia viene presentando una serie de dificultades a fin de integrar los enfoques (género, interculturalidad, integralidad, derechos humanos, intergeneracional, interseccionalidad), y principios (igualdad y no discriminación, interés superior del niño, debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, sencillez y oralidad, razonabilidad y proporcionalidad). A cuatro años de vigencia de la ley, la violencia contra la mujer no ha disminuido en nuestro país, muy por el contrario se ha incrementado pese a su penalización.
Al respecto, el Informe de Adjuntía n.° 063-2017-DP/ADM de la Defensoría del Pueblo presenta datos importantes de un estudio que se realizó. Este se llevó a cabo en comisarías, fiscalías, juzgados y usuarias (víctimas) en las regiones de Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín. Se utilizaron fichas que permitieron recoger información de 131 miembros de la Policía Nacional, 42 del Ministerio Público, 35 del Poder Judicial y 117 usuarias, haciendo un total de 325 personas encuestadas. Se concluyó que el 59 % de las usuarias del sistema de justicia, no cuentan con ambiente adecuado para su atención. Tanto personal policial como jueces consideran que la medida de protección que se emite con mayor frecuencia es la obligación del cese de la violencia por parte del agresor. Por su parte las víctimas refieren que es una medida menos importante. Ellas sostienen que el retiro del agresor es una disposición más segura para ellas. Así también, se identificó como brecha la falta de presupuesto adecuado a fin que el sistema de justicia responda a la sobrecarga procesal.
En el mencionado informe se estableció que los operadores de justicia mantienen la creencia que la conciliación con el agresor es la primera causa de abandono de la denuncia por las víctimas. Sin embargo, las usuarias refieren que son las amenazas del agresor que las hace abandonar la denuncia. El 75 % de usuarias manifestó no conocer el contenido de la Ley 30364 y su reglamento. Al respecto, y desde la posición de la víctima, se infiere insatisfacción por el tratamiento que se da a su caso, desconfianza de los operadores de la administración de justicia, inseguridad de obtener protección y sanción contra el agresor. Ante la situación descrita, esta investigación tiene la intención identificar brechas en el sistema de justicia, respetando las competencias asumidas por cada institución, así tenemos que:
a) En el ámbito policial, existe escaso presupuesto para implementar instrumentos y mecanismos propios de su función; falta de concientización y especialización de los operadores policiales, manejo de estereotipos sexistas, llenado inadecuado de la ficha de valoración de riesgo, informe o atestados policiales incompletos, falta de mecanismos adecuados a f in de ejecutar y monitorear las medidas de protección a favor de la víctima, insuficiente articulación intersectorial entre otras falencias.
b) En el ámbito fiscal, existe insuficiente presupuesto para abordar este delito en todo el país, falta de especialización en los ámbitos de prevención e investigación del delito de violencia contra la mujer desde la perspectiva de género, manejo de estereotipos de género, inaplicación de enfoques, falta de uniformización de criterios en la intervención fiscal, calificación indebida del delito, escasa articulación interinstitucional, etc. Asimismo, en cuanto al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Publico, se observó limitada cantidad de cámaras Gesell (entrevista única a favor de víctimas) en todo el país, falta de laboratorios biológicos y tanatológicos, falta de capacitación en parámetros para determinar daño psíquico y afectación psicológica a los peritos psicólogos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, entre otras dificultades.
c) En el ámbito judicial, al igual que las anteriores instituciones se percibió escaso presupuesto, falta de especialización en la integración del enfoque de género, tanto en el ámbito tutelar y penal; emisión de medidas de protección generales no específicas de acuerdo a los casos en concreto, insuficientes medios de pruebas al no hacer uso del artículo 194 del Código Procesal Civil (pruebas de oficio). En algunos casos no se aplican los principios de debida diligencia, inmediación y oralidad al prescindir de la realización de la audiencia única en casos calificados como riesgo moderado y leve, insuficiente recurso humano en los equipos multidisciplinarios (psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, etc.); escasa articulación intersectorial con la Policía, Fiscalía como con otros sectores involucrados como Salud, Educación, Trabajo, etc.
4. Estrategias de actuación integrales desde la administración de justicia
En el Perú como en otros países de Latinoamérica y el Caribe, la lucha contra la violencia contra la mujer resulta prioritaria, debiéndose trabajar desde la identificación de brechas a fin de planificar estrategias integrales, enfocadas en la prevención, investigación, sanción y atención de este flagelo.
Se tiene presente que la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW, obligan a los Estados partes a aplicar el principio de la debida diligencia en los casos de violencia contra la mujer. Se ha previsto una serie de criterios, entre ellos se encuentran los siguientes: las mujeres deben recibir un trato preferencial cuando sean víctimas de violencia. Se debe proceder con inmediatez en la recepción de la denuncia. El personal policial debe actuar con celeridad para preservar la salud y vida de la mujer. Los operadores jurídicos deben brindar información sobre los derechos y garantías que protegen a las mujeres como de los procedimientos a seguir. La atención de los servicios públicos debe ser gratuita. Se debe identificar los factores de riesgo a fin de dar medidas de protección eficaces.
La concientización y capacitación del personal policial, fiscal y judicial debe enfocarse en abordar desde la prevención acciones positivas contra la violencia contra la mujer. Asimismo, es relevante la integración en los ámbitos de investigación, sanción y atención a la víctima y victimario la perspectiva de género. Se debe realizar una tipificación adecuada del delito como impulsar investigaciones prontas y oportunas. La violencia contra las mujeres debe iniciarse de oficio y sin dilaciones. En cuanto a los servicios de atención se debe contar con personal multidisciplinario en el área legal, psicológica y social. Se requiere brindar privacidad en el servicio para lograr la aceptabilidad de las mujeres en situación de violencia. Se debe implementar mecanismos efectivos para la cadena de custodia como sistema de seguridad para preservar indicios o elementos de prueba. Así también se debe brindar una justicia pronta simplificándose los procedimientos de la justicia penal, tomando en cuenta la reparación del daño físico, psicológico y material a favor de la víctima.
Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario trabajar desde los ámbitos de prevención, investigación, sanción y atención desde el sector de justicia.
4.1. En el ámbito preventivo
Se recomienda que los sectores de justicia fortalezcan las campañas de información sobre derechos de las mujeres y el procedimiento a seguir en caso de violencia. Se debe transversalizar el enfoque de género en todos los niveles jerárquicos. Para esto se debe crear una oficina técnica responsable de elaborar las políticas institucionales. Identificar los nudos críticos en todo el país, diseñar e implementar estrategias atendiendo a la realidad pluriétnica y pluricultural del Perú. Reforzar la coordinación interinstitucional con los sectores del Estado como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros.
4.2. En el ámbito de la investigación y sanción
Tanto en el campo policial, fiscal y judicial, en primer lugar, es urgente contar con personal concientizado y especializado en la investigación del delito de violencia contra la mujer, desde la perspectiva de género. En segundo lugar, se debe implementar una estrategia institucional para rechazar estereotipos de género en las funciones de los operadores de justicia. Cabe resaltar el logro obtenido por el Ministerio Público peruano al aliarse estratégicamente con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), que permitió desarrollar el proyecto «Apoyo a la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la actuación del Ministerio Público para la investigación de los delitos de violencia de género y feminicidio en el Perú». Este instrumento sirvió para impulsar el diseño del «Protocolo del Ministerio Público para la investigación de los delitos de feminicidio desde la perspectiva de género», herramienta que coadyuva a que los fiscales y científicos forenses aborden el delito de feminicidio desde el enfoque de género, evitando la inadecuada calificación de este delito, y con ello evitando la impunidad.
La Ley n.º 30364 ha implementado la ficha de valoración de riesgo, la misma que es llenada por los operadores de la administración de justicia, instrumento que debe ser optimizado a fin de establecer el riego real de las víctimas. Se debe emitir medidas de protección y acciones cautelares adecuadas al caso en concreto. Es necesario optimizar la coordinación con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para contar de manera pronta con las pericias médico-legal, informes psicológicos y entrevistas únicas practicadas en la cámara Gesell. También, se debe uniformizar los criterios en la actuación policial, fiscal y judicial. Esto coadyuvará a tener una justicia pronta, resguardando los derechos y libertades de las partes. Se propone contar con un registro unificado interconectado entre la Policía, fiscalías y juzgados en todo el país. Se registrará la identificación de la víctima, victimario, tipo de violencia, medidas de protección y medidas cautelares, entre otros ítems que apoyen al sistema de administración de justicia.
4.3. Estrategias específicas en el ámbito policial, fiscal y judicial
Ante las brechas anteriormente mencionadas desde la promulgación de la Ley n.º 30364, surge la necesidad de combatir el flagelo de la violencia contra la mujer, razón por la cual se hace una aproximación a estrategias conforme a las competencias de las instituciones de administración de justicias:
a) En el ámbito policial, el sistema tecnológico implementado por España, denominado Sistema VioGén, viene dando frutos óptimos f rente a la lucha del fenómeno social de la violencia de género en este país. Acogiendo sus buenas prácticas se recomienda la implementación de un mecanismo tecnológico sofisticado que permita acompañar a la víctima desde el inicio de la denuncia hasta el f inal. Esta herramienta permite procesar el cumplimiento o no de medidas de protección, ubicación del agresor, entre otras acciones.
b) En el ámbito fiscal, la modalidad de violencia contra la mujer se ha vuelto difícil de acreditar, pese a tener mayor incidencia en su formulación, esto hace referencia al maltrato psicológico. Si bien la Ley n.º 30364 ha tenido la intención de contar con un medio probatorio como el daño psíquico, se puede apreciar desde la experiencia que ello no ha dado frutos positivos. Muy por el contrario, se ha convertido en una brecha f rente a los plazos que deben cumplir los f iscales especializados, como a la falta de capacitación en parámetros conforme a la guía de valoración del daño psíquico en victimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. Es parecida la situación en la que se encuentra el establecimiento de afectación emocional en la víctima. En este punto, es importante reevaluar urgente dicha situación para evitar archivos y consiguiente impunidad del hecho denunciado. Para esto se requiere la conformación de equipos de expertos a f in de tomar en cuenta la evaluación de las víctimas en crisis, tomando en consideración no un hecho aislado sino el conjunto de ellos (causas) de corto, mediano o largo plazo que conlleven a establecer la afectación emocional de la víctima. Es necesario establecer los grados de afectación que correspondan al caso en concreto (especifico) a f in de que los f iscales puedan formalizar la denuncia ante el Poder Judicial. También es importante optimizar los mecanismos de atención a la víctima, con suficientes cámaras Gesell, laboratorios biológicos, tanatológicos y la suficiente dotación de equipos multidisciplinarios al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Implementar en todo el país el registro de víctimas y agresores (RUVA), como optimizar los recursos de la unidad central de asistencia a víctimas y testigos, debiéndose contar para ello con instrumentos como guías y protocolos.
c) En el ámbito judicial, se recomienda la emisión de medidas de protección específicas al caso en concreto, debiéndose establecer parámetros en el caso de alejamiento de la víctima (distancia, lugar, etc.). También, es importante poner en práctica la aplicación del artículo 194 del Código Procesal Civil (prueba de oficio), a f in de contar con mayores elementos de juicio en la emisión o modificación de las medidas de protección a favor de la víctima. Asimismo, es fundamental el uso del principio de la debida diligencia, inmediación y oralidad en la audiencia especial. Para esto no solo se debe contar con la ficha de valoración de riesgo sino otros medios de prueba. Así, también, es necesario trabajar con el agresor, razón por la cual se deben implementar programas psicoterapéuticos y de reeducación, a f in de prevenir nuevos actos de violencia y producir un cambio positivo en su concepción y conducta machista.
Para concluir, se debe tener en cuenta que, ante este flagelo, se requiere contar con una mirada integral, holística, con el propósito de implementar y ejecutar estrategias integrales de actuación en el sistema de justicia, tanto institucional como interinstitucional. Para ello, es necesario enfrentar el problema desde la prevención, investigación, sanción y atención a la violencia contra la mujer.
Y, por último, cabe recordar lo afirmado el 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte IDH):
«La investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género» La Corte ha valorado como fallas de la investigación «la falta de voluntad, sensibilidad y capacidad de varios de los servidores públicos que intervinieron inicialmente en las denuncias. (párr. 181).
5. Materiales y métodos
Habiéndose penalizado la violencia contra la mujer desde el 23 de noviembre de 2015 con la Ley n.º 30364, y a fin de identificar las brechas existentes en la administración de justicia, se ha revisado y analizado instrumentos doctrinarios, normativa nacional e internacional, estudios de investigación, informes y data estadística. Por consiguiente, en el presente estudio se hace uso del método descriptivo y analítico.
Las fuentes han permitido ahondar en la complejidad del fenómeno de la violencia contra la mujer desde el enfoque de género. Así también, la investigación ha podido identificar desde la promulgación de la Ley n.º 30364 brechas en el sistema de Administración de Justicia (policial, fiscal y judicial), a fin de poder proponer estrategias. Se ha analizado, asimismo, data estadística e informes de la defensoría del pueblo. El Informe de Adjuntía n.° 063-2017-DP/ADM, de la Defensoría del Pueblo, practicado en comisarías, fiscalías, juzgados y usuarias (víctimas), a 325 personas, entre ellos operadores jurídicos, 131 policías, 42 fiscales y 35 jueces y 117 usuarias, en las regiones de Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno. Dicho estudio concluyó que el 59 % de las usuarias del sistema de justicia no cuentan con un ambiente adecuado para su atención. Tanto personal policial como jueces y juezas consideran que la medida de protección adecuada es el cese de la violencia por parte del agresor. Contradictoriamente, la víctima sostiene que el retiro del agresor es la más segura para ellas. Así también, se identificó como brecha la falta de presupuesto adecuado a fin que el sistema de justicia responda a la sobrecarga procesal.
En el mencionado informe, se estableció que los operadores de justicia mantienen la creencia que la conciliación con el agresor es la primera causa de abandono de la denuncia por las víctimas. Sin embargo, las usuarias refieren que son las amenazas del agresor que las hace abandonar la denuncia. El 75 % de usuarias manifestó no conocer el contenido de la Ley n.º 30364.
Así también se analizó data estadística del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del Perú, quienes han reportado que entre enero y octubre del 2019 se registraron 1277 feminicidios. Asimismo, se verificó que el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú registró 152 casos de feminicidio entre enero y noviembre de 2019. Estos datos superan todo pronóstico de reducción si se atiende al Registro del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público del 2018 que estableció 149 mujeres muertas a manos de sus parejas por razones de género. Haciendo un esfuerzo para tener data global la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público entre enero de 2016 y 11 de noviembre de 2019 ha registrado 614 117 denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. De los instrumentos analizados se establece que la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se ha incrementado. Esto afecta la vida de muchas mujeres.
6. Resultados
El presente estudio a través de las fuentes mencionadas, ha verificado como hallazgos importantes los siguientes: la violencia contra la mujer se ha incrementado, pese a la promulgación de la Ley 30364, de fecha 23 de noviembre de 2015. La Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público entre enero de 2016 y 11 de noviembre de 2019, registró 614 117 denuncias por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar.
La data permite visibilizar el incremento de la violencia contra la mujer, así se tiene que entre los años 2017 y 2018 los delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se han incrementado en un 77.94 %.
Este fenómeno no es ajeno a Latinoamérica y el Caribe, quienes también han sufrido un incremento en sus tasas.
La forma más cruel de violencia contra la mujer es el feminicidio, muerte violenta de mujeres en manos de sus parejas por razones de género (discriminación). El registro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de enero a noviembre de 2019 es de 152 casos de feminicidio. Esta es la cif ra más alta en los últimos 10 años. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del Perú registró 1277 feminicidios de enero a octubre del 2019. Específicamente, solo el 2019 se registró 169 feminicidios, data alta que genera honda preocupación, alarma social e inseguridad.
Ante este panorama, y pese a la penalización de la violencia contra la mujer, con la promulgación de la Ley n.º 30364, la Defensoría del Pueblo ha podido identificar algunas brechas existentes en la Administración de Justicia, a través de un estudio de investigación. Dicho informe se realizó en comisarías, fiscalías, juzgados y usuarias (víctimas) en las regiones de Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín. Se entrevistó a 325 personas, de los cuales 131 eran miembros de la Policía Nacional, 42 del Ministerio Público, 35 del Poder Judicial y 117 usuarias. Concluyendo que el 59 % de las usuarias del sistema de justicia, no cuentan con ambiente adecuado para su atención. Tanto personal policial como jueces y juezas consideran que la medida de protección que se emite con mayor frecuencia es la obligación del cese de la violencia por parte del agresor. Por su parte, las víctimas refieren que es una medida menos importante, y que el retiro del agresor es lo más seguro para ellas. Así también, se identificó como brecha la falta de presupuesto adecuado a fin que el sistema de justicia responda a la sobrecarga procesal.
Pese a los esfuerzos realizados no se ha encontrado a la fecha un estudio global de barreras existentes en la administración de justicia, razón por la cual se ha utilizado la observación empírica sustentada en la experiencia de la labor funcional (fiscal), de la doctrina y la normatividad supranacional y nacional.
Por lo tanto, es necesario ahondar la investigación. Desde los hallazgos obtenidos se ha propuesto estrategias de actuación integral en la Administración de Justicia, respetando la competencia y función de los operadores jurídicos (policía, fiscalía y juzgado).
7. Discusión
En el presente trabajo ha sostenido que la violencia contra la mujer es un problema social complejo y dif ícil de tratar. Identificar sus factores de riesgo y secuelas lleva a comprender el fenómeno social desde sus raíces, reconociendo que es un problema de salud pública y violación de derechos humanos.
Ante el incremento del delito de violencia contra la mujer y feminicidio en el Perú, el Estado penalizó la violencia contra la mujer con la promulgación de la Ley n.º 30364, –Ley de prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. Si bien dicha norma ha tratado de abordar de manera integral este fenómeno social, a la fecha no lo ha logrado. Existen brechas en la aplicación de la ley en los sectores del Estado en general y en la Administración de Justicia de manera particular.
Al respecto, las brechas existentes en el ámbito policial, fiscal y judicial no superadas a la fecha son los siguientes: insuficiente presupuesto institucional, se carece de recurso humano, logístico e infraestructura para atender a la víctima. La falta de concientización y especialización de los operadores y operadoras, el manejo de estereotipos de género, la falta de instrumentos y mecanismos propios de la función, la escasa articulación interinstitucional no permite dar un tratamiento integral a este fenómeno. Estas y otras barreras mencionadas generan desconfianza en el sistema de justicia, inseguridad ciudadana, falta de predictibilidad de las resoluciones al no contar con criterios uniformes, percepción de impunidad al no sancionarse prontamente al agresor, entre otras falencias en agravio de la víctima.
Ante esta situación urge implementar estrategias integrales de actuación en los ámbitos de la Administración de Justicia, por lo que se propone desde una mirada integral algunas acciones generales y específicas atendiendo a las funciones de la Policía, Fiscalía y Juzgado. Entre las acciones propuestas se encuentran las siguientes: priorizar el presupuesto institucional a fin de contar con instrumentos y mecanismos adecuados. Concientizar y capacitar; rechazar estereotipos de género, articular institucional e interinstitucional con los sectores de Salud, Educación y Trabajo a favor de la víctima. Es necesario implementar programas de reeducación, psicoterapias, acciones que deben disponerse desde el conocimiento de la denuncia, a fin de prevenir nuevos hechos de violencia en agravio de la víctima o de nuevas víctimas en el futuro.
8. Conclusiones
En los últimos años la violencia contra la mujer y el feminicidio se ha incrementado en el Perú. La data estadística muestra que pese a los esfuerzos del Estado peruano en combatir este flagelo aún no lo ha conseguido.
Con fecha 23 de noviembre de 2015 se promulgó la Ley n.º 30364, Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, penalizándose la violencia contra la mujer en todas sus formas. La ley trajo innovaciones con el abordaje de nuevos enfoques y principios alineados al corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Con el presente trabajo, por un lado, se ha podido visibilizar el fenómeno de la violencia contra la mujer desde la construcción sociocultural de las sociedades donde impera el sistema patriarcalista, estableciéndose roles diferenciales entre hombres y mujeres. Este es un problema de salud pública, violación de derechos humanos y de tratamiento complejo. Por otro lado, se ha podido identificar las brechas existentes en la Administración de Justicia, desde la promulgación de la Ley n.º 30364, en el ámbito policial, fiscal y judicial. Entre estas se encuentran las siguientes: la falta de presupuesto institucional, escasa concientización y capacitación de los operadores, manejo de estereotipos de género, falta de mecanismos e instrumentos efectivos para ejecutar y monitorear las medidas de protección, omisión de principios y enfoques en la actuación fiscal y judicial, entre otras.
Se ha llegado a establecer la necesidad de contar con estudios de investigación para identificar brechas de manera global y en todo el país a fin de diseñar e implementar estrategias de actuación integrales en el sistema de justicia.
Finalmente, se ha establecido la necesidad de implementar estrategias integrales de actuación del Sistema de Justicia, abordando los ámbitos de prevención, investigación, sanción y atención de la violencia contra la mujer. Algunas acciones urgentes son contar con presupuesto, concientizar y capacitar a los operadores jurídicos tanto en el área penal como tutelar, implementando suficientes mecanismos de atención a las víctimas (cámara Gesell, registro único, laboratorios biológicos, etc.), en todo el país, entre otros. En el ámbito policial se debe implementar un mecanismo tecnológico especializado que permita acompañar desde el inicio de la denuncia hasta el final del proceso a favor de la víctima. Dicho instrumento deber servir para ejecutar y monitorear medidas de protección, como verificar el cumplimiento o no de medidas por el agresor. Las estrategias generales para los tres sectores son capacitación, articulación e instrumentos (guías, protocolos, rutas de atención, etc.). Las estrategias planteadas requieren de un mecanismo de articulación interinstitucional para atender a las víctimas, en los sectores de salud, educación, trabajo, entre otros. Finalmente, es importante tener en cuenta el tratamiento al agresor abordando su conducta violenta desde la psicoterapia y los programas de reeducación, paralelamente al proceso penal en su contra. Se debe tener presente que el agresor de hoy puede ser el agresor de mañana. Con estas acciones se prevendrá nuevos actos de violencia y nuevas víctimas.
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