Discriminación judicial de las mujeres en los procesos de alimentos: problemas y posibilidades
Judicial discrimination of women in food processes: problems and possibilities
Ricardo Jonny Moreno Ccancce*
Corte Superior de Puente Piedra
(Lima, Perú)
https://orcid.org/0000-0002-8998-3546
Resumen: El presente artículo tiene como finalidad escudriñar las consecuencias de impartir justicia discriminatoria en agravio de las mujeres, ya que se convierten en población vulnerable cuando acuden al Poder Judicial en condición de demandantes en los procesos de alimentos y denunciantes en los procesos penales de omisión a la prestación de alimentos. Se realiza una breve descripción histórica de la discriminación legal por razón de estereotipo de la mujer en el Perú. La investigación aplica el método de encuestas a los jueces especializados en lo Penal, Familia y de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla (CSJV) en el 2018 y 2019. Esto va a permitir postular la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género al dictar sentencia en los referidos procesos judiciales aplicando los más altos estándares en materia de Derechos Humanos. Es necesario para ello, que se defina la herramienta de Juzgar con Perspectiva de Género mediante un Pleno Casatorio Civil Vinculante a tenor del artículo 400 del Código Procesal Civil. Además, es importante la elaboración y aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Protocolo de Juzgamiento de Perspectiva de Género. También, es fundamental postular la necesidad de una modificatoria del Código Procesal Civil del proceso de alimentos que garantice los Derechos Humanos de la población en condición de vulnerabilidad ante un estrado judicial. Por último, es esencial convocar a un Pleno Jurisdiccional Distrital en la especialidad penal en la CSJV. Esto permitirá analizar la situación problemática referida a la determinación de la responsabilidad penal en el delito de omisión a la prestación de alimentos previsto y penado en el artículo 149 del Código Penal. De esta manera se determinará el criterio más apropiado para cada caso concreto.
Palabras clave: discriminación legal histórica, Convención Belem do Para-Reglas de Brasilia, criterios jurisprudenciales androcéntricos, juzgamiento perspectiva género, modificación proceso alimentos, precedente casatorio vinculante
Abstract: The purpose of this article is to scrutinize the consequences of imparting discriminatory justice to the detriment of women who are vulnerable populations when they go to the Judicial Power as plaintiffs in the food process and complainants in the criminal processes of omission to the provision of food, making a brief historical description of legal discrimination based on the stereotype of women in Peru. The survey method was applied to the Specialized Judges in Criminal, Family and Peace Law of the Superior Court of Justice of Ventanilla (CSJV) in 2018 and 2019, which will allow postulating the obligation of Judging with a Gender Perspective. When passing judgment in the aforementioned judicial processes applying the highest standards in the field of Human Rights, being necessary for this, the tool of Judging with a Gender Perspective is defined by means of a Binding Civil Cassation Plenary pursuant to article 400 of the Civil Procedural Code , in addition to the preparation and approval by the Executive Council of the Judiciary of the Gender Perspective Judgment Protocol, postulate the need for an amendment to the Civil Procedure Code of the food process that guarantees the Human Rights of the population in vulnerable conditions before a judicial stage, and finally, the need to convene a Jurisdictional Plenary District in the criminal specialty in the CSJV in order to analyze the problematic situation referred to the determination of criminal responsibility in the crime of omission to the provision of food provided and punished in article 149 of the Penal Code, and in this way determine the most appropriate criteria for each specific case.
Key words: historical legal discrimination, Belem do Para Convention-Rules of Brasilia, androcentric jurisprudential criteria, Gender Perspective Judgment, modification of food process, preceding Binding Cassation
Recibido: 2/04/2020
Revisado: 4/05/2020
Aprobado: 10/05/2020
Financiamiento: Autofinanciado
1. Introducción
La presente investigación va a identificar, cuestionar y valorar la discriminación y desigualdad de las mujeres en las decisiones judiciales que intervienen en calidad de demandantes y denunciantes al interior del proceso de alimentos y omisión a la prestación alimenticia respectivamente, teniendo como muestra las encuestas que se realizaron a los jueces de la CSJV en los años 2018 y 2019.
Las mujeres abandonadas se consideran como personas en condición de doble vulnerabilidad por causal de pobreza económica y género conforme las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad adherido por el Poder Judicial Peruano mediante la R.A n.° 266-2010-CE-PJ que sanciona:
Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. (Tello Gilardi Janet, 2019)
Estas víctimas acuden al Poder Judicial para postular una demanda de alimentos, en el supuesto de hecho concreto que el demandado no perciba ingresos remunerativos mediante planilla de pago formal o que fraudulentamente ocultan sus verdaderos ingresos y posibilidades económicas.
Por otro lado, el Poder Legislativo no ha expedido normas legales positivas que regulen el supuesto de hecho que el demandado no perciba ingresos remunerativos mediante planilla de pago formal o que fraudulentamente ocultan sus verdaderos ingresos y posibilidades económicas. A su vez, el Poder Judicial no ha definido el concepto de Juzgar con Perspectiva de Género mediante un Precedente Casatorio Vinculante, ni ha elaborado el Protocolo de Juzgamiento de Perspectiva de Género dirigido a todos los jueces de todas las especialidades con la finalidad de garantizar los Derechos Humanos de población vulnerable como si lo tiene aprobado los Poderes Judiciales de México (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013) y Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013).
Las hipótesis de investigación se formula de la siguiente manera: ¿existe relación directamente proporcional entre el desconocimiento de Juzgar con Perspectiva de Género de los jueces con las sumas diminutas por concepto de alimentos que ordenan en las sentencias los Jueces de la CSJV?, ¿se puede determinar la necesidad que la Corte Suprema de la República ejerza iniciativa legislativa para la modificación del proceso de alimentos, así como la necesidad de crear y aprobar un Protocolo de Juzgamiento de Perspectiva de Género?, ¿existe la necesidad de realizar un Pleno Jurisdiccional Distrital en la CSJV para concordar criterios en torno a la determinación de responsabilidad del delito de omisión a la prestación de alimentos?
2. Justificación
Respecto de la trascendencia en el cumplimiento de obligaciones convencionales, es necesario verificar si el Estado Peruano respeta los derechos humanos de población en condición de doble vulnerabilidad en juicios de alimentos y omisión a la prestación alimentaria ante el Poder Judicial. En el ámbito constitucional es necesario investigar si el Estado garantiza el derecho fundamental a la igualdad y tutela jurisdiccional efectiva de las mujeres en condición de doble vulnerabilidad. En el ámbito infra constitucional se justifica investigar la necesidad de modificación del subcapítulo de alimentos del Código Adjetivo Civil, la necesidad de la creación de un Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género. Finalmente, el presente artículo se justifica socialmente, pues se conocerá los sesgos, patrones socioculturales, impacto diferenciado de las normas, exclusiones jurídicas por razón de género en la historia peruana.
3. Reseña histórica de la discriminación legal de la mujer
El «Malleus Maleficarum» de 1486 o «Martillo de las Brujas» fue escrito por los inquisidores dominicos Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger. Ellos, desde la primera hasta la última página, justifican el castigo f ísico contra la mujer y su inferioridad biológica. Dicho Manual se tradujo en la práctica en el manual jurídico y científico para la utilización de todos los magistrados, sacerdotes católicos y protestantes en la lucha contra la brujería en Europa en el Tribunal del Santo Oficio. Por ejemplo, ante la siguiente pregunta: ¿por qué la supersticiones se encuentra ante todo en las mujeres?, estos sabios monjes dominicos responden:
Todas las malignidades son pocas, cosa en comparación con la de una mujer. Por lo cual San Juan Crisòstomo dice en el texto: «No conviene casarse» (San-Mateo xix): ¡Que otra cosa es una mujer, sino un enemigo de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario. (Kramer Heinrich, Sprenger Jacobus, s.f., p. 44)
«El martillo de las brujas» fue un manual criminológico utilizado por el Tribunal de Justicia del Santo Oficio en Perú el cual permite apreciar la cosmovisión o ideología de los grupos católicos, apostólicos y romanos que han cogobernado la república del Perú desde el Estatuto Provisional de 1821 y Constitución Política de 1823.
En el caso de la Inquisición en el Perú, la sola presencia de las mujeres se encontraba relacionada al cuestionamiento de su vida sexual y comportamiento sexual dudoso que no otorgaba certeza de credibilidad de la palabra o testimonial de una mujer en los procesos judiciales tramitados ante el Tribunal del Santo Oficio. (Mannarelli, 1999, p. 17).
El Papa Juan XXIII en 1963 expide la Encíclica «Pacem in Terris» manifestando que se han expedido normas legales en occidente con una inspiración cristiana, posiblemente secularizada, pero llena del sentido moral cristiano. (Cordeno Rodriguez, 2007, p. 199).
En el Código Civil del Perú de 1852, se reproducen los preceptos religiosos católicos. Se regula que la unión matrimonial es indisoluble, y que tiene como única finalidad la perpetuación de la especie mediante la procreación de hijos. La mujer asume la obligación de crianza, educación y alimentación de sus hijos al regularse positivamente que el marido protege a la mujer y esta le debe obediencia. Además, la tutela de la mujer no solo le correspondía al marido; también, a la Iglesia que regulaba que el matrimonio se celebra con las condiciones de forma previstas en el Concilio de Trento .
Según los artículos 138 y 156 del Código Civil de 1852, «los tribunales eclesiásticos conocerán de las causas relativas al matrimonio y al divorcio». »El matrimonio se celebra en la República con las formalidades establecidas por la Iglesia en el concilio de Trento» (Código Civil, 1852).
La Ley n.° 162 de fecha 5-12-1905 dispuso que la educación gratuita era para los varones hasta los 14 años y para las mujeres hasta los 12 quienes podían asumir el rol de esposas, madres y responsabilizarse de los deberes domésticos.
El artículo 161 del Código Civil de 1936 dispone al esposo como encargado de la conducción de la sociedad conyugal. La mujer debe a su esposo ayuda para el bienestar común y que tiene el derecho y el deber de atender personalmente los asuntos domésticos del hogar. En su artículo 162 estableció que al esposo tiene el derecho de establecer y mudar el domicilio de la sociedad conyugal, así como resolver sobre su economía. Finalmente, el numeral 168 sanciona que solo y únicamente le corresponde al esposo la representación de la sociedad conyugal.
Para el exdocente universitario de Derecho y exembajador Julio Vargas Prada el abandono a las mujeres que forman parte de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras es la motivo neurálgico de la crisis de la familia, y en última instancia de la crisis de la sociedad (Vargas Prada, 1997).
Resulta coincidente la moralidad sexual de la doctrina católica con el modelo de matrimonio reconocido por el Código Civil de 1984; es decir, heterosexual, monógamo e indisoluble. Se niega la posibilidad que la mujer tenga sexo con un hombre que no fuera su esposo a pesar de encontrarse separada de hecho, y, por ende, se niega la posibilidad de concebir un hijo fuera del matrimonio con quien no es su esposo. En caso ocurriere la visión paradigmática del Código Civil de 1984, conforme se concibió originalmente a dicho hijo, se reputaba siempre del esposo como padre a tenor de lo regulado en el numeral 362.° recientemente modificado por el Decreto Legislativo 1377. Por consiguiente, se establece en su nuevo texto: «El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare expresamente que no es del marido» (Decreto Legislativo n.° 1377, 2018). Tampoco la ideología del Código Civil 1984 concebía o regulada las familias denominadas ensambladas, reconstituidas o familiastras que conforme lo expresado en la STC n.° 09332-2006-AA/TC expedido por el Tribunal Constitucional que la conceptualiza de la siguiente manera: «Estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa» (Tribunal Constitucional, 2007).
El jurista peruano Vega (2009, p. 161-163) afirma que el Libro III Derecho a Familia del Código Civil de 1984 siempre tuvo un inocultable sello de continuidad y conservadurismo, y que no es extraño que los juristas pocos curiosos o de tinte tradicional consideren que el Derecho de Familia es rígido y de muy lenta evolución.
4. Juzgar con perspectiva de género
4. 1. Perspectiva de género para los Poderes Judiciales
Para la Comisión de Género de Colombia:
la discriminación en razón del género constituye un factor que limita el acceso efectivo a la administración de justicia, es necesario recordar que el acceso a la justicia hace referencia a las garantías dentro del proceso, en la búsqueda de una tutela judicial efectiva a través de la obtención de una decisión pronta y cumplida que ponga fin a un conflicto surgido con ocasión a las relaciones propias de la vida en comunidad». (Colombia & Comisión Nacional de Género, 2016, pp. 13-15).
Poder Judicial de España mediante la Rec. n.° 1027/2016 de fecha 07-03-2017 expedida por el Tribunal de Justicia de Canarias Las Palmas es considerada pionera en España porque define que es obligatorio que todos los jueces deban efectuar interpretaciones del ordenamiento jurídico que garanticen la mayor protección de los Derechos Humanos y particularmente a las mujeres víctimas por condición de vulnerabilidad. (Orres Diaz, 2017, p. 171).
Ø La Corte Suprema del Perú mediante el III Pleno Casatorio Civil f ijó como precedente judicial vinculante en el Expediente n.° 4664-2010-Puno que en los procesos de familia como alimentos, entre otros, el juez tiene facultades tuitivas ofreciendo protección a la parte perjudicada o vulnerable como lo sanciona los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Perú (Corte Suprema de la República, Tercer Pleno Casatorio Civil, 2010).
Ø La Corte Suprema del Perú en el Expediente n.° 23822-2017-Lima expedido por la Sala de Derecho Constitucional y Social se conceptualizó en el FJ n.° 16 que: «El desarrollo con igualdad de género implica desmontar la cultura, los valores y los roles tradicionales de género que reproducen y mantienen la subordinación de las mujeres. En tal sentido, ese «desmontaje cultural» hace indispensable que esta política pública se aplique en el ámbito educativo desde la más tierna edad, a f in de que los niños sean formados en una visión compatible con los valores constitucionales de igualdad y no discriminación». (Corte Suprema de la República, 2017).
Ø El Poder Judicial del Perú tiene aprobado el «Plan de Trabajo 2017-2021 de la Comisión de Justicia de Género» que define la perspectiva de género como un instrumento metodológico para analizar, investigar y observar la realidad y las relaciones sociales partiendo principalmente desde los roles, espacios y atributos socialmente asignado a mujeres y hombres. (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 2017).
Ø Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la perspectiva o enfoque de género es una forma de apreciar la realidad identificando los roles y tareas que asumen los varones y las mujeres en una comunidad social. También, es la manera de relacionarse con las inequidades que se producen entre unos y los otros para comprender y describir los orígenes y consecuencias que producen estas desigualdades, y postular medidas que contribuyan a superarlas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014, p. 40).
Ø El Poder Judicial mediante la R.A n.° 266-2010-CE-PJ expedido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se adhiere a las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. Por tanto, conceptúa al género como aquella discriminación contra la mujer, toda exclusión, diferenciación o restricción originada en patrones sociales preconcebidos por el sexo que tenga por objeto de disminuir o abolir el ejercicio o goce de sus derechos sustantivos. (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2010).
4.2. Género para el Tribunal Constitucional
Según el Tribunal Constitucional en la STC recaída en el Expediente n.° 1423-2013-PA/TC ha delineado:
A pesar de lo dicho, tampoco hay duda, y el paso de la historia lo ha demostrado, de que las diferentes perspectivas, participaciones y voces características de las mujeres han sido excluidas sin justificación razonable del discurso público y del contexto social. Aún hay rezagos de las diferencias entre hombres y mujeres culturalmente creadas en muchas sociedades. Y el Perú no escapa a tal realidad. (Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional, 2018).
El Tribunal Constitucional en la STC recaída en el Expediente n.° 1479-2018-PHC/TC expresó:
El sistema de administración de justicia también es un actor —probablemente el más importante— en la ejecución de la política pública de luchar contra la violencia de género y, por ello, el enfoque o perspectiva de género debe ser incorporado y practicado en el ejercicio de la función judicial y fiscal. (Tribunal Constitucional, 2019).
De lo reseñado, se encuentran hitos históricos de asignación de roles por construcciones de desiguales sociales que se le otorga al hombre y a la mujer por razones de género. En consecuencia los magistrados con la finalidad de garantizar los Derechos Humanos de las mujeres en condición de doble vulnerabilidad dentro de un proceso judicial deben necesariamente juzgar con perspectiva de género aplicando, de ser el caso, el control difuso convencional o constitucional contra norma legal que ha sido concebida con visión androcéntrica, o aquella que contiene una cosmovisión religiosa o patriarcal con el objetivo de garantizar tutela jurisdiccional eficaz y eficiente de la población vulnerable.
5. Supuestos de discriminación judicial en la corte superior de justicia de ventanilla
Según los literales e), f) y g) del artículo 7 de la «Convención de Belém do Pará» los Estados partes se obligan a tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo decisiones de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer (incluyendo la violencia económica). También, se debe instaurar reglas procesales legales justas y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia económica, que incluyan medidas de protección, juicio rápido y tutela jurisdiccional efectiva en los procesos judiciales. Asimismo, se debe establecer los procedimientos y reglas judiciales y administrativos necesarios para lograr plasmar que la mujer que suf re violencia tenga acceso efectivo a sentencias justos y eficaces.
Los artículos 4 y 44 de la Constitución Política del Perú protegen con mayor intensidad al niño, al adolescente y a la madre en situación de abandono. Además, establece que constituye un deber prioritario del Estado impulsar el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación.
Es de público conocimiento de la comunidad jurídica que los procesos judiciales de alimentos no logran su finalidad, como consecuencia de múltiples factores como son la falta de pruebas, ritualismo procesal, demora innecesaria de los procesos, insensibilidad en buscar nuevas formas para hacer efectiva las sentencias de alimentos, o lo que es peor que las sentencias se conviertan en inejecutables por f raude del obligado a prestarlo, por ocultamiento de sus verdaderos ingresos económicos.
Además, los procesos judiciales de alimentos en ocasiones por no tener una norma clara y precisa para los supuestos de trabajadores informales que no declaran sus verdaderos ingresos económicos con ánimo fraudulento, se convierten en engorrosos e ineficaces al lograr montos diminutos por concepto de alimentos.
El presente trabajo de investigación analiza dos supuestos de hecho o fácticos concretos, de donde se aprecia una manera de juzgar que obedecen a una cultura jurídica organizacional, y práctica jurisprudencial androcéntrica pendiente de desmantelar.
5.1. Proceso Civil/Familia: Alimentos
El porcentaje de madre de familias abandonadas por el padre de sus hijos en la Provincia Constitucional del Callao del cual forma parte el Distrito Judicial de Ventanilla según el censo 2017 es del 14,3 %. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018).
Las encuestas elaboradas en el presente trabajo de investigación se encuentran dirigidas al supuesto de hecho que los obligados de prestar alimentos no perciban sus ingresos remunerativos mediante planilla de pagos. Esto ocurre porque son trabajadores o comerciantes informales, profesionales independientes que no registra ni declaran sus reales ingresos económicos o que dolosamente pretende sustraerse de su obligación de prestar alimentos cometiendo actos fraudulentos en agravio de sus menores hijos y las madres de familia.
La imposibilidad de conocer con exactitud los ingresos o posibilidades económicas de los emplazados ha generado la convicción por parte de algunos jueces de la CSJV que deben asumir por ficción jurídica basadas en la lógica de las experiencias que dichos demandados perciben una remuneración mínima vital (RMV) ascendente a S/ 930.00 aprobado por el Decreto Supremo n.° 004-2018-TR.
Prueba de ello, es que según la posición n.° 2 del tema I del Pleno Jurisdiccional de la especialidad Familia de la CSJV llevada a cabo el 12 de diciembre de 2016 algunos jueces de Paz Letrado y Especializados de Familia sostenían: «Mientras el obligado se encuentra desempleado o no labore como trabajador dependiente, debe seguir cumpliendo su obligación alimentaria con una pensión equivalente al porcentaje señalado en la sentencia, pero tomando como referencia un monto no inferior a la remuneración mínima vital». (Pleno Jurisdiccional de la Especialidad de Familia, 2016).
Conforme a las encuestas elaboradas a los jueces de la CSJ de Ventanilla preguntado sobre el vacío legislativo de regular el supuesto de hecho bajo análisis, el porcentaje de jueces detallados en la encuesta 1 optaron por aplicar la ficción jurídica consistente en que los demandados perciben como ingreso una RMV de S/ 930.00 mensuales, sin admitir medios probatorios de oficios para conocer la real capacidad y posibilidades económicas del demandado.
Es decir, algunos jueces de Paz Letrado y Especializados de la CSJV aplican rigurosamente el principio de congruencia a las partes en el proceso de alimentos como si fuera un proceso civil puro. Aplican de manera mecánica y automática la regla de la Carga Procesal Probatoria regulada en el art. 188 del Código Procesal Civil consistente en quien afirma los hechos del escrito postulatorio de la demanda tiene el deber procesal de acreditarlos. No utilizan el juzgamiento con perspectiva de género respecto del cual es su obligación convencional, constitucional, y legal de impartir justicia ofreciendo protección a la parte perjudicada como son las mujeres madres en condición de doble vulnerabilidad y sus menores hijos según la Convención Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, 1994) , la Constitución Política del Perú del año 1993 y las 100 Reglas de Brasil sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
Mediante el Informe de Defensoría n.° 001-2018-DP/AAC de julio 2018 la Defensoría del Pueblo concluye que son las mujeres las que más acuden a los procesos de alimentos en el Perú en un porcentaje del 95,3 % y que en un alto porcentaje los jueces en un índice del 81,2 % otorga una pensión de alimentos no mayor a los S/ 500.00 (Defensoría del Pueblo, 2018).
5.2. Proceso Penal: Omisión a la Prestación Alimenticia
Ahora bien, en el hipotético caso que la misma madre de familia abandonada haya conseguido una sentencia de alimentos favorable y que el demandado ahora ejecutado del proceso de familia incumpla con pagar el monto integral de dinero ordenado a pagarse de manera mensual y adelantada según la encuesta n.° 2 existe un porcentaje de Juzgados Penales de la CSJ de Ventanilla que absuelve al denunciado, bajo el siguiente argumento: «El representante del Ministerio Público se ha limitado en sostener que con los documentos oralizados ofrecidos por su parte se logró acreditar el delito, y que el pago parcial e incompleto no significa que no haya existido incumplimiento de pago. Sin embargo, la conducta típica no se refleja únicamente en el incumplimiento de pago, es decir, no se sanciona el incumplimiento propiamente dicho, sino que a criterio de esta judicatura es un requisito primordial para determinar la responsabilidad que el acusado haya tenido la posibilidad de cumplir, y no lo haya querido hacer (...) Absolviendo de la acusación fiscal» (2.° Juzgado Unipersonal Penal de Ventanilla, 2018).
De otro lado, para la Corte Suprema el delito de omisión a la prestación de alimentos se trata de un delito de comisión instantánea según el F.J n.° 16 del Recurso de Nulidad, n.° 1372-2018-Callao. El delito que establece el artículo 149.° del Código Penal se comete en el momento que el acusado omite cumplir con la pensión de alimentos ordenado por mandato judicial.
La Corte Superior de Justicia de Arequipa en el Exp. n.° 06094-2014-48-0401-JR-PE-04 concluye que el pago tardío de la obligación alimentaria no afecta la imputación concreta por delito de omisión a la asistencia familiar. De modo que el pago tardío del íntegro de la deuda alimentaria, con posterioridad a la sentencia impuesta no afecta la realización del hecho delictivo. Sin embargo, este pago tardío de la deuda alimentaria sí tiene directa incidencia en la determinación concreta de la pena, por mandato del artículo 46, literal f del Código Penal.
6. Resultados
6.1. Población, muestras y herramientas
Población:
Según la Defensoría del Pueblo en el Informe n.° 001-2018-DP/AAC-, «El proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos», la cantidad de jueces en la CSJV en julio de 2018 fueron de 14 jueces superiores, 22 Juzgados Especializados, haciendo un total de 42 jueces para 513, 319 habitantes. El porcentaje de jueces fue de 50,88 % y de juezas el 49,12 %. De estos, según la Academia de la Magistratura fueron capacitados en el tema de pensión alimenticia en el 2015 solo siete jueces especializados y en el 2016 un juez de paz letrado y tres jueces especializados (Defensoría del Pueblo, 2018).
Muestra
Encuesta n.° 1: 14 jueces de la CSJV consistentes en ocho Juzgados Especializados de Familia y seis Juzgados de Paz Letrado, es decir, el 50 % en el mes de mayo 2018 de la totalidad de jueces especializados y paz letrado de la CSJV.
Los catorce jueces consultados si en alguna ocasión aplicaron la Convención de Belén do Pará al momento de expedir sentencia en proceso de alimentos, cuatro de ellos respondieron en el sentido afirmativo y diez en el sentido negativo, correspondiente al 28,5 % y 71,5 % respectivamente. Luego, al ser consultados sobre si consideran necesario juzgar con perspectiva de género los procesos de alimentos siete respondieron afirmativamente y siete de manera negativa, siendo la proporción de 50 % y 50 % respectivamente. Finalmente, al ser consultado si utiliza como ficción legal que el ingreso remunerativo de un demandado que es trabajador informal equivale a una remuneración mínima vital al desconocerse realmente su capacidad económica, diez de ellos respondieron afirmativamente y cuatro negativamente siendo la proporción del 71,5 % y 28,5 % respectivamente.
Encuesta n.° 2: Los jueces especializados en lo Penal de la CSJV al ser preguntados qué hecho debe comprobarse para encontrar responsabilidad penal del acusado del delito de omisión a la prestación alimenticia cuatro de ellos respondieron que debe acreditarse que el acusado no quiso cumplir con la prestación de alimentos, absolviendo a quien no pudo cumplir el pago. Seis jueces respondieron que solo debe acreditarse que el acusado no efectivizó el pago de la pensión alimenticia devengada dentro del plazo otorgado por el juez; es decir, la proporción es de 40 % y 60 % respectivamente.
7. Resultados
a) Se comprueba que existe una relación directamente proporcional entre el desconocimiento de juzgar con perspectiva de género con la condena de pago de sumas diminutas por concepto de pensión alimenticia que imponen los jueces de Paz Letrado y Especializados de la CSJV en el supuesto de hecho que se desconozca los ingresos económicos del demandado.
b) Se comprueba que existen razones académicas y de práctica jurisprudencial que origina que los jueces de paz letrados y especializados de la CSJV en los procesos de alimentos no cumplan con aplicar el juzgamiento con perspectiva de género.
c) No existe una capacitación especializada y permanente en la CSJV en los temas de alimentos y delito de omisión a la prestación alimentaria por la Academia de la Magistratura.
d) Se comprueba la existencia de criterios jurisprudenciales disimiles respecto a la comprobación de la responsabilidad penal del acusado en los procesos penales el delito de omisión a la prestación alimenticia.
8. Discusión
Valorando los resultados obtenidos en las encuestas, son necesarias los siguientes puntos de discusión
a) A partir de los resultados de los hallazgos encontrados hay concordancia con la validez de la hipótesis general. Esta consistente en la existencia de una relación directamente proporcional de causa-efecto entre el desconocimiento de juzgar con perspectiva de género con las sumas diminutas por concepto de alimentos que aplican los jueces de paz letrado y especializados de la CSJV del Poder Judicial del Perú. Existe una relación con las conclusiones del Informe n.° 001-2018-DP/AAC elaborado por la Defensoría del Pueblo donde define que en un alto porcentaje los jueces en un índice del 81,2 % otorga una pensión de alimentos no mayor a los S/ 500.00, y, además, guarda relación de compatibilidad de lo informado por la Academia de la Magistratura mediante el Oficio n.° 060-2017-AMAG/DG de fecha 19-4-2017 que forma parte del mencionado Informe n.° 1-2018-DP/AAC de Defensoría del Pueblo (Defensoria del Pueblo, 2018).
b) A partir del resultado de los hallazgos encontrados, esta investigación concuerda con la validez de la hipótesis secundaria consistente en la necesidad de que el Poder Judicial ejecute su facultad legislativa de proponer un proyecto de Ley al Poder Legislativo. Este permitirá modificar el proceso de alimentos regulado en el Código Procesal Civil, y la aprobación de un Protocolo de Juzgamiento de Perspectiva de Género a todos los jueces del Perú y en todas las especialidades que guarda relación con las conclusiones del Informe n.° 001-2018-DP/AAC elaborado por la Defensoría del Pueblo. En este concluye que en un alto porcentaje los jueces en un índice del 81.2 % otorga una pensión de alimentos no mayor a los S/ 500,00, y con el hecho que el según la posición n.° 02 del Tema I del Pleno Jurisdiccional de la Especialidad Familia de la CSJV llevada a cabo el 12 de diciembre de 2016 algunos jueces de paz letrado y especializados de familia sostenían: «Mientras el obligado se encuentra desempleado o no labore como trabajador dependiente, debe seguir cumpliendo su obligación alimentaria con una pensión equivalente al porcentaje señalado en la sentencia, pero tomando como referencia un monto no inferior a la remuneración mínima vital» (Pleno Jurisdiccional de la Especialidad de Familia, 2016).
c) A partir del resultado de los hallazgos encontrados, esta investigación concuerda con la validez de la hipótesis secundaria. Esta consistente en la necesidad de realizar un Pleno Jurisdiccional Distrital en la CSJV al comprobarse criterios jurisprudenciales disimiles respecto a comprobación de la responsabilidad penal del acusado en los procesos penales el delito de omisión a la asistencia de prestación alimenticia en la CSJV.
9. Conclusiones y recomendaciones
a) Existe una relación directamente proporcional de causa-efecto entre el desconocimiento de juzgar con perspectiva de género con las sumas diminutas por concepto de alimentos que imponen los jueces de paz letrados de la CSJV. Es necesario que se defina el concepto mediante un Precedente Casatorio Vinculante a tenor del artículo 400 del Código Procesal Civil, y se apruebe un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género para todos los jueces y para todas las especialidades del Poder Judicial del Perú replicando la experiencia de los Poderes Judiciales de México (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013) y Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013).
b) Existe la necesidad que el Poder Judicial pueda ejercer iniciativa legislativa y presentar un proyecto de ley al Poder Ejecutivo. Este tiene como finalidad modificar el actual proceso de alimentos regulado en el Código Procesal Civil en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Peruano con la suscripción de la Convención Belém do Pará y las 100 Reglas de Brasilia. En virtud del cual los Estados partes se obligan a tomar todas las medidas apropiadas para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia por razón de género contra la mujer incluyendo la violencia económica, estableciendo un nuevo proceso de alimentos justo y eficaz accesible para la población vulnerable.
c) Se recomienda proceder de conformidad con el artículo 116 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; es decir, que la CSJV realice un Pleno Jurisdiccional Distrital en materia penal donde se busque uniformizar criterios en aras de la predictibilidad, la seguridad jurídica y la igualdad en aplicación de la ley, conforme las siguientes ponencias:
Ponencia 1. El delito de omisión a la asistencia familiar constituye un delito de omisión propia, lo que se pena es el «no querer cumplir», y no el «no poder cumplir».
Ponencia 2. El delito de omisión a la prestación de alimentos es una inf racción de comisión instantánea. Basta verificar si el acusado pago o no dentro del plazo de tres días otorgados en la notificación donde se requiere el pago de los devengados.
Referencias
2.º Juzgado Unipersonal Penal de Ventanilla. (2018). Legis Pasión por el Derecho. https://legis.pe/oaf-fiscalia-probar-acusado-posibilidad-cumplir-obligacion-alimentaria-y-no-lo-hizo/:https://legis.pe/oaf-f iscalia-probar-acusado-posibilidad-cumplir-obligacion-alimentaria-y-no-lo-hizo/
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