Aplicación de la imputación objetiva funcionalista en los pronunciamientos penales de la Corte Suprema peruana
Application of the functionalist objective imputation in the criminal pronouncements of the peruvian Supreme Court
Ronald Eduardo Caballero Benites*
Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte
(Lima, Perú)
https://orcid.org/0000-0002-1681-1129
Resumen: Esta investigación aborda la aplicación de la moderna teoría de la imputación objetiva funcionalista en los pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema peruana, ya que en las últimas décadas se aplicaron los institutos dogmáticos que la componen, demostrando jurisprudencialmente que la teoría de la imputación objetiva tiene suficientes argumentos teóricos para que el máximo ente supremo, dé solución a los casos que resuelvan. La metodología es de enfoque cualitativo porque ello conlleva a un análisis amplio. Además, es de estudio básico, con un diseño de investigación fenomenológica orientada a la comprensión. El escenario es la Sala Penal Permanente y Transitoria. De la misma forma, el análisis se basará en el estudio de casos expedidos por el máximo tribunal supremo y análisis documental. La relevancia de esta investigación es tanto científica como práctica, por la gran importancia de presenciar el análisis de este instituto dogmático en las resoluciones supremas. Por ello, la investigación se desarrollará en torno a cómo se viene empleando esta teoría en los pronunciamientos expedidos por el máximo tribunal supremo peruano durante de 1999 a 2019. Por último, la temática servirá de consulta epistemológica para los magistrados, abogados y estudiantes de Derecho interesados en conocer sobre la materia.
Palabras clave: rol especial, principio de confianza y prohibición de regreso
Abstract: This research addresses the application of the modern theory of functionalist objective imputation in the pronouncements issued by the Peruvian Supreme Court, since in the last decades the dogmatic institutes that compose it were applied, demonstrating jurisprudentially that the theory of objective imputation has sufficient theoretical arguments so that the highest supreme entity, give solution to the cases they solve. The methodology is of a qualitative approach, since this leads to a broad analysis; In addition, it is a basic study, with a phenomenological study design aimed at understanding, a scenario developed in the Permanent and Transitional Criminal Chamber. In the same way, the analysis will be based on the study of cases issued by the highest supreme court and documentary analysis. The relevance of this research is both scientific and practical, due to the great importance of witnessing the analysis of this dogmatic institute in the supreme resolutions. Therefore, the present investigation will be developed, around how this theory is being used in the pronouncements issued by the Peruvian Supreme Court during the years 1999 to 2019. Finally, the theme will serve as an epistemological consultation for magistrates, lawyers and Law students interested in learning about the subject.
Key words: special role, principle of trust and prohibition of return.
Recibido: 2/04/2020
Revisado: 4/05/2020
Aprobado: 10/05/2020
Financiamiento: Autofinanciado
1. Introducción
La mayor entrega de la ciencia penal alemana a las ciencias penales a nivel mundial en el siglo xx es la proposición dada por los juristas Claus Roxin y Günther Jakobs, al abordar la tendencia funcionalista. Al comienzo, fue desarrollada por Roxin (funcionalismo moderado), aunque los últimos debates sobre el tema se deben, en gran medida, a lo desarrollado por Jakobs (funcionalismo radical), quien establece las categorías dogmáticas en base a una fundamentación normativista.
Este estudio tiene el propósito de presentar la investigación de cómo se viene empleando la imputación objetiva en los pronunciamientos expedidos por el Máximo Tribunal Supremo peruano desde el 1999 al 2019. Para ello, se valora cada uno de sus principios de la imputación objetiva, así como el análisis de las jurisprudencias supremas, en el cual se aplica este instituto dogmático.
En razón de lo señalado, este trabajo se dividirá en las siguientes temáticas: la primera mencionará el título del tema planteado. Seguidamente, la situación problemática de la investigación y sus antecedentes, además de su importancia, utilidad y objetivo. En el marco teórico se desarrollarán las teorías y posturas sobre la imputación objetiva. Finalmente, se mostrarán los resultados, la discusión y las conclusiones.
La experiencia jurisprudencial peruana, donde se utiliza criterios de imputación objetiva, se inició a fines de 1990. Su gradual aceptación en el círculo jurisprudencial fue desde el 2000. Por ello, la importancia de la presente investigación no solo es teórica sino fundamentalmente práctica.
La teoría de la imputación objetiva tiene como punto de partida en el análisis de la conducta que se fija en el significado de antinormatividad en un determinado contexto social que rodea la acción. El Derecho Penal cumple la función de estabilizar expectativas sociales. Esta función es tomada a partir de la interpretación de las reglas de funcionamiento en una sociedad, la misma que está compuesta por personas que tienen derecho y deberes que el ordenamiento jurídico atribuye a un ser humano.
Respecto a los estudios previos, se han podido identificar algunas investigaciones relacionadas con el presente estudio:
Por un lado, Caro (2010) concluyó que según la sentencia de la Corte Suprema, of recer servicios de taxi a extraños y luego estos utilizarlos con fines delictivos no reviste de relevancia jurídico-penal, siempre y cuando, el taxista está actuando en el ámbito de su rol, donde el servicio de taxi tiene una importancia operativa cotidiana, es neutral en sí mismo y, si se hace correctamente, no es delictivo (p. 59).
Por otro lado, Pinedo (2012) concluye que:
en el Perú, a nivel doctrinario como jurisprudencial, se ha tenido lugar una recepción progresiva del Sistema Penal Funcional-Normativista de Günther Jakobs, principalmente de su teoría de la imputación objetiva. La jurisprudencia nacional ha demostrado la eficacia de los postulados jakobsianos en la resolución de diversos casos. El modo en que los mismos se aplican, pueden en muchos casos ser objeto de debate y cuestionamiento, ello supone desde ya, un gran avance para la consolidación de un verdadero sistema penal peruano; siendo tarea de la Doctrina Jurídico Penal el conducir y orientar la discusión. (pp. 136-137)
Por su parte, Rojas (2012) sostiene que es verdaderamente gratificante en el derecho penal peruano, que los magistrados supremos y superiores hayan decidido utilizar el material metodológico y conceptual de la teoría de imputación objetiva, y aplicarlo al análisis y decisión de los casos en materia penal. Debido al claro impacto de la complejidad y la experiencia en el razonamiento legal, la experiencia debe profundizarse y extenderse a todas las áreas de la judicatura. A partir de los presupuestos de la mencionada teoría, los jueces peruanos cuentan así con un marco conceptual y metodológico de alto valor sintético y analítico que puede dar calidad a sus decisiones (p. 6).
Guzmán (2011) refiere que otros autores proponen criterios objetivos para determinar el alcance y límites de la imputación de conductas neutrales o cotidianas. Ninguno de ellos comparte el criterio propuesto por el otro, rasgo que parece ser a esta altura, el más característico de esta categoría conceptual. Así, desde Welzel hasta Hassemer, pasando por Welp, Frisch, Stratenwerth, Weigend, Feijoo Sánchez y Zaffaroni cada uno sugiere el empleo de su propio criterio objetivo de distinción. Para Welzel excluye la imputación del primer actuante, en casos de comportamientos «socialmente adecuados». Según Jakobs, esta solución traslada el problema a un concepto demasiado indeterminado. Para Frisch, por su parte, en una postura que lo acerca a Jakobs, recurre al criterio de la relación de sentido delictiva y propone que debe hablarse de una conducta con sentido delictivo, siempre que en todo o en parte presente una configuración tal que desde el punto de vista general o bajo la consideración de las circunstancias del caso, solo pueda ser explicada delictivamente. Esto implica que globalmente o en referencia a las partes correspondientes, no tenga otro sentido más que como posibilitación o facilitación de una conducta delictiva ajena (p. 9).
El presente artículo favorecerá a la discusión académica sobre la utilización de institutos dogmáticos de la imputación objetiva que se aplica en los distintos pronunciamientos expedidos por la Corte Suprema. La indagación que se consiga será de utilidad para disertar y debatir entre los operadores del Derecho en el ámbito judicial y fiscal, en las aulas universitarias, así como entre los abogados en ejercicio interesados en el tema investigado.
El objeto de esta investigación es determinar cómo la Corte Suprema ha empleado la teoría de la imputación objetiva funcionalista en los pronunciamientos supremos durante el periodo 1999-2019. Para ello, se presentarán los fundamentos dogmáticos concernientes al tema materia de análisis, además de interpretar y analizar la toma de postura del máximo tribunal supremo en sus diversos pronunciamientos, donde se apliquen los principios de la imputación objetiva.
2. Materiales y métodos
La teoría de los roles
Dentro de un mundo social, las personas se identifican con su rol. Así, el chofer del Metropolitano tiene el rol de conducir de manera diligente respetando las señales y paraderos según la normatividad. Precisamente, por ese rol se le va a identificar y se exigirá su cumplimiento, siendo irrelevante su raza, sexo o religión. Los ciudadanos esperan que determinada persona cumpla con los deberes y derechos inherentes a su rol especial, diferenciándose de otras expectativas de comportamiento que no están enmarcadas en su rol y que recaen en otras personas.
Jakobs (1996) sustenta que «la responsabilidad jurídico-penal se fundamenta en el quebrantamiento de un rol» (p. 71). Así plantea, dos tipos de roles del individuo en la sociedad: el rol común con el cual la persona se comporta respetando los derechos de otros, para quienes tiene deberes de solidaridad mínima; y el rol especial sustentado en que las personas cumplen con ciertos deberes impuestos. El quebrantamiento de dichos roles, motivaría al análisis de responsabilidad penal. Polaino-
Orts describe que «los seres humanos desempeñan en el mundo dos o más roles simultáneamente, o –al menos– que cada sujeto tiene dos o tres máscaras que puede usar indistintamente, dos o tres etiquetas que puede ponerse sobre la solapa una junto a la otra» (cit. en Caro, 2009, p. 68).
Por ejemplo, el agrónomo puede ser al mismo tiempo agrónomo y paramédico, o que una persona tenga el rol de chofer del bus metropolitano, el de bombero y sea enfermero de profesión.
3. Principios de la imputación objetiva del comportamiento
Riesgo permitido
Es una institución dogmática penal con la cual se imposibilita que determinadas conductas calcen dentro del tipo penal, pese a que provoquen un resultado desaprobado al no haber el desvalor de la acción. Constituye un criterio de determinación del carácter prohibido de la conducta realizada, ya que no forma parte del rol general de ciudadano impedir todos los riesgos de lesión, sino únicamente los que sobrepasan el riesgo socialmente permitido sobre la base de normas jurídicas y técnicas, así como reglas de la prudencia que rige en una determinada sociedad.
Jakobs (1996) expresa que cualquier contacto social está lleno de riesgos, incluso si todos los involucrados actúan de buena fe, a pesar de las precauciones, una infección puede transmitirse al darse la mano; en el tráfico rodado puede producir un accidente que será inevitable, al menos mientras exista tal tráfico; un alimento servido por alguien puede estar en mal estado sin que sea posible percibirlo (pp. 37-38).
Villavicencio (2019/2006), señala que el peligro originado por el agente debe corresponder a los riesgos relevantes y no debe estar en el rango de riesgo aceptable (socialmente adecuado); de lo contrario, se excluye la imputación. Existen riesgos en la sociedad que son aptos para la convivencia y son socialmente aceptables. Por lo tanto, no todos los riesgos son atribuibles al comportamiento que genere una imputación de la conducta (p. 324).
Es menester señalar que al derecho penal le corresponde estar acorde con los cambios de la sociedad, ya que el riesgo que hoy no es permitido socialmente, puede ser admitido en el devenir del tiempo; por el contrario, ha de responder a dichas evoluciones, a fin de crear una concordancia entre Derecho y Sociedad.
El principio de confianza
En la sociedad las personas se interrelacionan sobre la base de un mínimo de confianza, de tal forma que sus integrantes tendrían expectativas del comportamiento que cada persona deba realizar en cumplimento a su rol. En consecuencia, «el fundamento de este principio, parte de la idea de que los demás sujetos son también responsables y pueden confiarse, en un comportamiento adecuado a Derecho, por parte de ellos». (García, 2008, p. 337).
Este instituto se fundamenta en que, en la sociedad, los individuos se reparten el trabajo generando diversos roles especiales. Las expectativas son de que cada persona cumpla eficientemente su rol asignado, lo que conlleva que no es tarea de los demás controlarlas. Es así que, al cirujano no se le puede atribuir el resultado lesivo que ocasiona el anestesiólogo. Al magistrado no se le debe atribuir el resultado ilícito imputable a su secretaria (quien retrasó los documentos que debía remitir al centro penitenciario), lo cual permitió que un condenado salga en libertad.
Para Jakobs (1996), el principio de confianza puede presentarse de dos maneras. En el primer lugar, la persona que actúa como tercero, crea un contexto inocuo si el autor del acto posterior cumple con sus obligaciones, en este caso, la confianza se centra en el hecho de que el perpetrador hará correctamente sus acciones, por ejemplo, que alguien le dio a otra persona un reloj valioso; si el destinatario lo maneja con cuidado, simplemente no causará daños. En segundo lugar, la confianza se destina a que el tercero prepare adecuadamente la situación particular existente, para que quien lo utilice, el potencial autor, si por su parte cumple con sus deberes, no genere daño alguno (p. 28).
La prohibición de regreso
Este instituto es utilizado usualmente como la teoría que afirma que la participación imprudente en un hecho principal doloso es impune (Caro, 2010, p. 49). Es decir, cuando una persona realiza un comportamiento dentro del marco de su rol especial, no debe ser comprometida en la imputación realizada por otras personas que planificaron un hecho delictivo. Por ejemplo, el chofer de Uber que lleva a un grupo de delincuentes al banco, lugar donde perpetrarían un robo y el chofer escucha que los delincuentes planean el ingreso a la entidad bancaria; el propietario de un vehículo que le presta a un amigo y este transporta droga.
En dichos escenarios, nuestra Corte Suprema ha resuelto varios casos que se señalan en la estadística que se desarrollará más adelante, como, por ejemplo, el caso del taxista (Recurso de Nulidad n.° 4166/1999), quien realizaba su actividad cotidiana de taxista, siendo requerido su servicio por un individuo que lo condujo hasta el inmueble de una determinada persona, logrando los delincuentes apoderarse de los bienes. Sobre el caso descrito, la Corte Suprema absolvió al acusado Luis Villalobos del tipo penal de robo agravado, en atención del principio de prohibición de regreso por haber cumplido con su función de taxista.
Competencia de la víctima
Este instituto dogmático se funda sobre el principio de autorresponsabilidad, cuando la supuesta agraviada con su accionar contribuye de manera decisiva a la realización del riesgo no permitido. Por ello, cada persona que favorece a la creación de su propio riesgo debe responder por sus propias acciones.
García (2008) expresa que la competencia de la víctima, basada en el principio de autorresponsabilidad, solo puede existir si la víctima como responsable asume su propio riesgo. Por otra parte, tal conducta de la víctima puede darse de dos formas: como consecuencia de la inf racción de incumbencias de autoprotección o como acto de voluntad (p. 347).
Un caso emblemático de este principio es el denominado «Rock en Río», ocurrido en el departamento de Áncash (localidad de Caraz) donde se organizó un festival de rock, evento que tenía autorización de entidad municipal de la zona, además de la seguridad para la ejecución del evento, Es así que un grupo de personas en estado de etílico bailaban sobre un puente colgante ubicado en las inmediaciones del evento. En este momento, el puente cayó al río con todos sus ocupantes. Debido a este accidente fallecieron dos personas. La Corte Suprema procedió absolver a los encausados por el tipo penal de homicidio culposo, en atención del instituto de competencia de la víctima (Ejecutoria Suprema n.° 4288/1997).
4. Métodos
El método de recolección de información estará dado por el uso de la técnica de análisis documental como el instrumento el estudio de casos. Para la elaboración de la investigación se contó con la jurisprudencia registrada en la base de datos del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial y demás compilaciones de ejecutorias supremas. La población está conformada por las sentencias expedidas por las salas penales entre 1999 y 2019. Se usaron como ejemplar las ejecutorias supremas, que emplean principios de la imputación objetiva, emitidas por la Sala Penal Permanente y Transitoria de la Corte Suprema.
5. Resultados
Se obtuvo del total de la población de ejecutorias supremas, un grupo de muestra de resoluciones, a fin de describirlos y hacer el análisis respectivo que conlleve a dar respuesta al objeto planteado en la presente
investigación.Riesgo permitido
Al aplicar este instituto, la Corte Suprema, en relación a la tendencia funcionalista propuesta por Jakobs, ha establecido:
No se ha logrado acreditar de manera fehaciente la responsabilidad penal de los procesados en este delito, al no existir un acuerdo previo para def raudar al Estado, aún más, cuando no se ha probado el desmedro patrimonial, el cual en un inicio sirvió como base de imputación a esta conducta delictiva. Por tanto, el procesado M.L. no ha tenido participación o injerencia en la adquisición de los productos, por lo que, el Tribunal Supremo considera, que aun cuando su participación en la elaboración del contrato ha sido posterior al proceso de selección antes señalado, esta ha operado en el marco de un rol social e inocuo sin extralimitarse en sus contornos, no superando el riesgo permitido. (Recurso de Nulidad n.º 2742/2006, Arequipa)
El Tribunal Supremo emitió este recurso de nulidad el 2005 (Lima):
En consecuencia, ha quedado probada la irresponsabilidad penal del citado encausado, quien solo se ha limitado a realizar una actividad que genera un cierto riesgo permitido, y actuado conforme al deber estipulado por las normas establecidas en una sociedad debidamente organizada. (Recurso de Nulidad n.º 4104/2005, Ayacucho).
Además, este recurso de nulidad de 2004 (Puno):
Que es pertinente aplicar al caso de autos los principios normativos de imputación objetiva que se refieren al riesgo permitido dentro de los estándares objetivos predeterminados por la sociedad y por lo tanto, no le es imputable el resultado (prohibición de regreso) al aceptar transportar la carga de sus coprocesados, H.L.M. y Mariano Usaja Chura, y al hacerlo en la confianza de la buena fe en los negocios y que los demás realizan una conducta licita. (Recurso de Nulidad n.º 552/2004, Puno).
Principio de confianza
Con dicho instituto dogmático de imputación, se materializa en que cada individuo realizará su rol especial de acuerdo a la normatividad, confiando en que los demás cumplan con sus roles.
El Tribunal Supremo ha invocado sobre este instituto dogmático en diversos pronunciamientos. Por ejemplo, este recurso de nulidad de 2017 (Lima):
En el caso existió una delimitación de funciones para el ingreso de bienes, el registro y pago de las facturas, y la declaración ante la Sunat, por lo que se aplicaron los criterios de imputación objetiva, considerándose en la recurrida que, los imputados actuaron al amparo del principio de confianza, por el cual no puede considerarse objetivamente autor del delito a quien obró confiando en que otros se mantendrían dentro de los límites del riesgo permitido. (Recurso de Nulidad n.° 2695/2017, Lima).
Y en este recurso de nulidad de 2018 (Lima):
Esta Sala Suprema considera que, la sentencia recurrida se motivó aparentemente para justificar indebidamente la conducta del acusado Medina Díaz dentro de los alcances de la figura del principio de confianza, sin que se hayan justificado aspectos relevantes a su conducta como gerente general de la empresa aludida y sin que se haya cumplido con todos los requisitos para eximirlo de responsabilidad. Por el contrario, de los considerandos antes señalados se advierte una deficiente justificación que requiere un nuevo análisis de forma completa e integral por parte de otra Sala Superior. (Recurso de Nulidad n.° 1416/2018, Lima).
También este recurso de nulidad de 2018 (Lima):
Se estableció que lo que se dijo respecto de un encuentro sexual explícito atribuido a la querellante Sáenz Ayón era falso, y que el querellado González Lupis tenía en su poder el «diario Ajá» y que lo que se propaló en el programa de Magaly Medina no permitía, sin datos adicionales incluso, sostener tal sindicación. El conductor pues no ha sido ajeno a la conducta riesgosa y lo que pudo decir la producción era fácilmente constatable. Además, el conjunto de expresiones proferidas, sus comentarios, ya no son de competencia del productor, sino de él mismo. No cabe, por tanto, alegar el principio de confianza como factor para negar la imputación objetiva del delito de difamación agravada. (Recurso de Nulidad n.° 1358/2018, Lima).
Asimismo, esta casación del 2016 (Puno):
No es de recibo el argumento de haber actuado bajo el principio de confianza, debido a que el proceso de obligación de dar suma de dinero fue fraudulento, razón por la cual los actos procesales que derivaron de aquel, no coinciden con la realidad, sobre todo porque la condenada Elvia Campos Quispe, afirmó que se limitó a firmar los documentos y no tuvo mayor intervención; en consecuencia, el acusado tuvo capacidad de autodirección en el fraudulento proceso desde su posición como abogado y no actuó en el marco de contratación para el ejercicio de su profesión, el cual constituye el primer acto de verificación. (Casación n.° 810/2016, Puno).
Prohibición de regreso
Dicho instituto recurre al criterio de los ámbitos de responsabilidad basado en un criterio que delimita la imputación de la conducta que una persona haya actuado de manera inocua o neutral, en relación a la participación que hayan cometido otras personas.
El Tribunal Supremo emitió este recurso de nulidad el 2005 (Lima): en este caso, se puede apreciar que la intervención del imputado se limitó al transporte que iba a brindar -función que está dentro de su ámbito de actuación- a los sujetos que cometían el hecho ilícito, desconociendo la ilegal actuación de sus futuros pasajeros, el hecho en sí mismo del chofer no es importante, no es ilegal, más aun si no sabe nada sobre la comisión de un robo, en consecuencia, su conducta no puede calificarse como complicidad en un robo con agravantes (Recurso de Nulidad n.° 1544/2005, Lima).
Y en este recurso de nulidad de 2008 (Lima):
Si no se trata de una persona con los conocimientos especiales que le podrían generar responsabilidad, en tanto, en su ámbito de actuación se manejen riesgos especiales, cuando, por el contrario, la búsqueda de locales para el funcionamiento de la empresa y el hecho de acompañar a diferentes personas para la suscripción de los contratos correspondientes no fundamentan el plus en la defraudación tributaria al Estado, que conlleve una participación punible; por lo que, conforme a las reglas de la prohibición de regreso de la teoría de la imputación objetiva, al encausado Vargas Mendoza no le es posible atribuir responsabilidad penal a título de cómplice secundario. (Recurso de Nulidad n.º 1895/2008, Lima).
También este recurso de nulidad de 2011 (Ayacucho)
Que el aporte del citado encausado al hecho investigado, fue uno cotidiano, en tanto en cuanto, se trató de una conducta neutral o estereotipada carente de sentido delictivo —negocio usual de transporte, inocuo— que no produjo riesgo especial alguno: como transportista, que de ningún modo puede verse afectada con la imputación a la citada autora que sí cometía el hecho delictivo —sustento sui iuris de la denominada: prohibición de regreso, en el análisis de la imputación objetiva—; Porque, por otro lado, no se probó que la Comisión del delito, tráfico ilícito de drogas, haya sido organizado conjuntamente entre los inculpados Francisco Leoncio Sulca Loayza y Norma Cárdenas Pacheco con reparto de trabajo, pues si eso ocurre, la realización del suceso delictivo sí constituiría delito e involucraría a todos los intervinientes. (Recurso de Nulidad n.º 684/2011, Ayacucho).
Así también, se han emitido diversos pronunciamientos. Al respecto se tiene el siguiente recurso de nulidad de 2018 (Santa):
En ese sentido, ha quedado acreditado en autos que el procesado Vera Rodríguez se limitó a desempeñar su rol de patrón de embarcación, el cual podríamos calificar de inocuo, ya que no es equivalente por sí mismo, ni siquiera en el plano valorativo, al de un interviniente delictivo en el delito de robo agravado; esto es, está demostrado que el referido encausado intervino en los hechos susceptibles de imputación, pero su actuación se limitó a desempeñar el rol de patrón de embarcación, de modo que aun cuando el comportamiento de los demás sujetos haya sido la el de quebrantar las expectativas sociales contenidas en el tipo penal de robo agravado (previsto en el inciso cuatro, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal), el resultado lesivo no le es imputable en virtud a la prohibición de regreso, lo que determina que su comportamiento social resulta neutral y se encuentra libre de responsabilidad penal. (Recurso de Nulidad n.° 1645/2018, Santa)
Competencia de la víctima
En relación al instituto dogmático en mención, la Corte Suprema ha expedido diversos pronunciamientos; entre ellos se encuentra este recurso de nulidad de 2003 (Cañete): con base en lo acontecido durante la causa, no se ha acreditado que el imputado, haya descuidado el deber de cuidado, por el contrario, ha quedado probado que la actuación de la víctima fue negligente para consigo mismo, virando intempestivamente, sin dar las señales de tránsito establecidas, aumentando el riesgo permisible; por lo tanto, al aplicar el principio de imputación y de manera específica la competencia de la víctima, deben tenerse en cuenta al juzgar la contribución de la víctima al resultado (Recurso de Nulidad n.° 2867/2003, Cañete).
Este recurso de nulidad de 2003 (Lima) señala que el principio de imputación objetiva específicamente la competencia de la víctima debe aplicarse a la sentencia para imponer la pena, ya que se aprecia la contribución de la víctima en la consumación del hecho, cuya correspondencia es la llamada infracción del deber de autoprotección, donde el agraviado respondió a la alerta inicial del procesado con pedradas, causándole una herida en la cabeza, con lo cual generó los hechos imputados (Recurso de Nulidad n.° 2875/2003, Lima).
También este recurso de nulidad de 2004 (Cusco): en este caso, se tuvo en cuenta la confesión sincera de la acusada, Tadea Conzales Umeres, quien en todo momento se responsabilizó como presunta autora del hecho; sin embargo, el colegiado no consideró que estuviera en estado de embriaguez, causal que la exime de responsabilidad penal, en virtud del artículo 20 inciso 1 del código penal; y en virtud del principio de competencia de la víctima, puede estar exentos de responsabilidad penal, considerando que la víctima intentó golpear a la imputada, y así contribuyó al ilícito mismo (Recurso de Nulidad n.° 623/2004, Cuzco).
Estadísticas de ejecutorias supremas en materia penal
Por otro lado, se tiene como resultados datos estadísticos del período 1999-2011 por encontrarse en los gestores de data del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial peruano. Después de 2011, no se cuenta con datos estadísticos específicos de las sentencias donde se empleó la tendencia dogmática de la imputación objetiva, únicamente existen las publicadas en la página web del Poder Judicial.
La Corte Suprema, por medio de sus salas penales ha emitido ejecutorias en asunto penales entre los años 1999 y 2011. En el siguiente diagrama se presenta un panorama universal de las sentencias supremas que se dictaron en el período en mención.
La Corte Suprema, por medio de sus salas penales ha emitido ejecutorias en materia penal entre 1999 y 2011. Para esto emplean los institutos dogmáticos el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la competencia de la víctima. En este cuadro se demuestra las sentencias supremas, en donde se aplicó la teoría materia de estudio.
Esta tabla, sintetiza la totalidad de sentencias supremas emitidas entre los años 1999 y 2011, en un total de 46 329. También, se logra definir que durante dicho período la Corte Suprema emitió un total de 79 sentencias, en el que emplea la teoría de la imputación objetiva, referenciada en el siguiente esquema:
En el gráfico, se visualiza que del 100 % de sentencias supremas, en el 0,17 % se empleó los institutos dogmáticos: el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la competencia de la víctima, y un 99,83 % son ejecutorias donde no se utiliza la teoría de la imputación objetiva.
En nuestra jurisprudencia casatoria es evidente que el porcentaje de las sentencias emitidas aplicando la imputación objetiva por la Corte Suprema es mínimo, pero a la vez rescatable que en nuestro país se aplica desde hace veinte años aproximadamente, obviamente la investigación delimita a las ejecutorias supremas y a las emitidas durante los años 1999 y el 2011, y que además están registradas en los gestores de data del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial.
La Corte Suprema por medio de sus salas penales ha emitido ejecutorias en asunto penal entre 1999 y 2011. En esta tabla, se identifica en qué delitos se empleó la teoría de la imputación objetiva en el periodo en mención.
En el gráfico se sintetiza el total de delitos donde se utilizó la teoría de la imputación objetiva. Se desprende que desde el 1999 hasta el 2011 se empleó la teoría de la imputación objetiva en 24 sentencias por delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios, y en segundo lugar por los delitos contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (20 ejecutorias), y en tercer orden en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud específicamente en los delitos de homicidio, el cual son mayoritariamente culposos (17 ejecutorias). Se visualiza porcentualmente de la siguiente manera:
Del gráfico porcentual se desprende que del 100 % de ejecutorias supremas, en el 0,29 % se empleó la teoría de la imputación objetiva en los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios; el 25 % en delitos contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas; el 22 % en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud específicamente en los delitos de homicidio y en mayoría los culposos; el 8 % en delitos contra el patrimonio; el 5 % en delitos tributarios; el 4 % en delitos contra la libertad; el 3 % en delitos contra el honor; el 3 % en delitos contra la fe pública; y 1 % en delitos contra la seguridad pública.
6. Discusión
En este punto se analizará lo tratado en el rubro anterior, para tener un análisis claro y sintético de cómo la Corte Suprema del Perú viene aplicando los institutos dogmáticos de la imputación objetiva, esto es, del riesgo permitido, el principio de confianza, de prohibición de regreso y competencia de la víctima.
Se tiene como data en la literatura (Alcocer, 2015, p. 45), que la Corte Suprema a través de la jurisprudencia peruana empezó a desarrollar de modo más preciso la teoría de la imputación objetiva, así se tiene el Recurso de Nulidad n.° 1767-97 emitido el 12 de enero de 1998, siendo el fundamento empleado el siguiente:
De acuerdo a la moderna teoría de la imputación objetiva no puede atribuirse objetivamente el resultado a quien con su acción no ha creado para el bien jurídico ningún riesgo jurídicamente desaprobado; que en el presente proceso es del caso absolver al quedar demostrado la licitud del contrato de compraventa suscrito entre el sentenciado y el agraviado, sin que se infiera que la disposición patrimonial haya sido a consecuencia de un error inducido por el encausado. (Recurso de Nulidad n.° 1767/97).
Se desprende de la jurisprudencia antes mencionada que la imputación exige probar, en principio, si la acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado y, seguidamente, si el resultado es consecuencia del mismo peligro. De lo señalado, es posible distinguir entre imputación objetiva de la conducta y del resultado, debiendo darse el nexo entre ambos.
Por su parte, el Máximo Tribunal Supremo concibe que, para hallar responsabilidad penal en el procesado, es imperioso que el comportamiento atribuido haya excedido las limitaciones permitidas en el grupo de amenazas que predominan socialmente. Ello se puede ejemplificar en el Recurso de Nulidad n.° 4104/2005, Ayacucho. Un segundo ejemplo se observa en el Recurso de Nulidad n.° 552/2004, Puno, que precisa «que es pertinente aplicar al caso de autos los principios normativos de imputación objetiva que se refieren al riesgo permitido dentro de los estándares objetivos predeterminados por la sociedad».
También se han emitido pronunciamientos sobre el riesgo permitido que ponen en evidencia que el sujeto activo incrementó dicho riesgo y, por ende, cabe la imputación de un hecho típico; al respecto se tienen el siguiente pronunciamiento:
Se puede concluir de manera válida que la conducta desplegada por el encausado Gonzáles Burgos, durante el tiempo que estuvo a su cargo la atención médica del menor agraviado, incumplió una serie de deberes de cuidado, que aumentaron de manera decidida el riesgo permitido, lo que a la postre contribuyó a la muerte de la víctima; que, ello es así, tal como ha quedado acreditado, puesto que a pesar de no contar con la experiencia necesaria para el grave problema de salud que presentaba el agraviado, no lo derivó al médico especialista, tal como las circunstancias lo ameritaban (Recurso de Nulidad n.° 596/2010, Lima).
Por otro lado, el Tribunal ha emitido pronunciamiento analizando que el instituto de principio de confianza, no sería aplicable o habría deficiente argumentación en las resoluciones de primera instancia que optaron por aplicar el instituto en mención; entre ellas tenemos el Recurso de Nulidad n.° 1416/2018, Lima. Se desprende de la jurisprudencia en mención y así se data en la literatura (Alcocer, 2015, p. 46), que para el año 2011, los institutos dogmáticos de la imputación objetiva fueron acogidos también por los juzgados de primera y segunda instancia de diferentes partes del territorio nacional.
En relación a la prohibición de regreso, la teoría afirma que la participación imprudente en un hecho principal doloso impune (Caro, 2010, p. 49). Por lo tanto, cuando la conducta inocente de un tercero es reorientada delictivamente, esto no le comprometería. Ejemplificando, señala la Sala Penal que el denominado «caso del taxista» (Recurso de Nulidad n.° 4166/99, Lima) refiere a un correcto desempeño del rol social por parte del encausado, lo cual sustentaría la exclusión del carácter típicamente desaprobado de su conducta (irrelevancia penal). La sentencia denota un innovador esfuerzo por resolver situaciones de la vida práctica utilizando un arsenal dogmático de la modernidad. Basa sus argumentos en un aparato teórico manifiestamente relacionado con datos propios de la sociología funcionalista, esto es en el cumplimiento de un rol social; estandarización de conductas, con el consecuente rechazo de la relevancia del conocimiento individual de la ilicitud del hecho ajeno.
Por lo dicho, se evidencia que las salas penales, en su evaluación sobre la tipicidad del comportamiento del procesado, emplean un criterio de imputación objetiva extraído del sistema funcionalista sistémico del Derecho Penal propuesto por Jakobs: riesgo permitido, principio de confianza, la prohibición de regreso y competencia de la víctima.
Igualmente, se aprecia que las Salas Penales Supremas, en determinados pronunciamientos, únicamente se limitan a invocar dogmáticamente la teoría de la imputación objetiva sin hacer un mayor análisis en los casos en concreto para argumentar de por qué aplican la imputación objetiva en tales casos y arribar al pronunciamiento de fondo. Entre ellos se tienen los siguientes Recursos de Nulidad: n.os 000482/2001, 0003361/2002, 3735/2003, 002482/2003, 001556/2004, 000227/2004, 004492/2005, 000171/2006 y 003869/2007.
Contrario a lo antes señalado, se observa que las Salas Supremas aplicaron y analizaron de manera correcta y justificada los distintos institutos que componen la imputación objetiva funcionalista. Esto es, el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la competencia de la víctima, los que, en su mayoría, han servido para excluir a los procesados de la responsabilidad penal.
7. Conclusiones
La Corte Suprema, por medio de sus Salas Penales, ha emitido sentencias penales entre los periodos 1999 y 2019, donde utilizan los institutos dogmáticos: el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la competencia de la víctima. Se llegó a determinar que del año 1999 a 2011 se han emitido 77 pronunciamientos de una totalidad de 46 329 sentencias, refiere el Centro de Investigaciones Penales del Poder Judicial peruano, donde se analizan y aplican los criterios de la imputación objetiva.
Con posterioridad al 2011 su aplicación fue mucho menor. No existe ninguna data en el centro de investigaciones del Poder Judicial después de dicho año, únicamente las que se encuentran en la página web del ente en mención. Se evidencia que en la jurisprudencia suprema la cantidad de pronunciamientos aplicando la tendencia de la imputación objetiva por la Corte Suprema es de mayor a menor en su aplicación, partido en dos periodos (2009-2011) y (2012-2019), pero a la vez es rescatable que en el Perú se aplica desde hace veinte años aproximadamente.
Se ha determinado que la teoría de la imputación objetiva funcionalista tiene suficientes argumentos teóricos para que las Salas Penales de la Corte Suprema de la República del Perú, den solución a los casos que hayan llegado a la máxima instancia, brindando mayor seguridad jurídica al momento de resolver los casos.
Se ha establecido que la Corte Suprema de la República del Perú viene aplicando el funcionalismo jurídico penal conforme a los principios del riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso y competencia de la víctima, en los pronunciamientos penales expedidos durante el periodo 1999-2019, haciendo una justificación interna y externa de la aplicación de dicha teoría en las resoluciones judiciales supremas.
Se ha determinado que el Máximo Tribunal Supremo, no solo aplicó la teoría de la imputación objetiva funcionalista para excluir de responsabilidad penal de los procesados, sino además para fundar las decisiones en que el sujeto es responsable del hecho, se ha confirmando o declarando la nulidad de las sentencias que llegan de las diferentes Salas Penales de todo el país.
Referencias
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