Alcances y retos de la Reforma Procesal Civil en la magistratura

Scope and challenges of the Civil Procedure Reform in the magistracy

María del Carmen Gallardo Neyra

Cuarta Sala Civil de Lima

(Lima, Perú)

Mgallardo@pj.gob.pe

Resumen: Se reflexiona acerca de la necesidad que tiene la magistratura de la especialidad civil de adecuar el proceso a sus finalidades, manteniendo como eje fundamental a la persona humana, revalorando la necesaria uniformidad de criterios jurisdiccionales, así como el reforzamiento del papel de la Corte Suprema y el uso adecuado de las técnicas procesales.

Es imprescindible que los jueces civiles replanteen al proceso civil bajo un nuevo paradigma, pues a través del mismo no solo se busca alcanzar la solución del conflicto entre privados sino, y a la vez, aplicar el derecho que corresponde en tiempo oportuno para lograr una decisión justa, que coadyuve a lograr paz, seguridad y tranquilidad social.

Palabras clave: eficiencia, derechos fundamentales, uniformidad de jurisprudencia, técnicas procesales, justicia

Abstract: It reflects on the need of the civil specialty magistracy to adapt the process to its purposes, keeping the human person as the fundamental axis, revaluing the necessary uniformity of jurisprudential criteria, as well as the strengthening of the role of the Supreme Court and the proper use of procedural techniques.

It is essential that civil judges assume the civil process under a new paradigm, because through it not only seeks to reach the solution of the conflict between private but at the same time, apply the right that corresponds in a timely manner to achieve a fair decision, I helped to achieve peace, security and social tranquility.

Key words: efficiency, fundamental rights, jurisprudence uniformity, procedural techniques, justice

Recibido: 2/04/2020

Revisado: 4/05/2020

Aprobado: 10/05/2020

Financiamiento: Autofinanciado

1. Introducción

A puertas de iniciar la tercera década del siglo xxi, resulta conveniente preguntarse cuáles son los retos que debe asumir la magistratura de la especialidad civil. Esto bajo el entendido que los conflictos puestos a su conocimiento son principalmente de contenido patrimonial, principal hacedor de riqueza y bienestar para los ciudadanos por tener como fin el proveerle de condiciones materiales. Corresponde al Estado velar por su protección, por ser esta una de las finalidades de un Estado social y democrático.

Para ello, debemos tener en cuenta que nuestra norma rectora, el Código Procesal Civil, data del año 1993 (promulgado a través del D. L. n.º 768 del 6 de marzo de 1992 y Resolución Ministerial n.º 10-93-JUS del 23 de abril de 1993). Han transcurrido 26 años durante los cuales la vorágine de la globalización también ha alcanzado al Derecho como ciencia social y por ende al proceso civil.

Así, se plantean nuevas discusiones en torno al proceso civil, las que pretenden lograr una adecuada solución a las nuevas situaciones conflictivas que surgen. Estas se convierten en retos que deben ser resueltos por la Magistratura. De otro lado, corresponde afirmar que, preexistiendo otras situaciones, las que si bien es cierto se presentan ya desde algún tiempo, resulta imperativo que la magistratura defina su posición sobre las mismas o, se afiance sobre las existentes, ello en aras de un adecuado funcionamiento del proceso civil.

Para la suscrita, existen cuatro ejes sobre los cuales debe versar la actitud de los jueces de la especialidad civil de las diversas instancias de la república, las que coadyuvarán a sortear la vorágine antes mencionada, constituidos en cuatro retos.

2. La persona humana debe continuar siendo el centro del proceso

El primer reto, qué duda cabe, es continuar con la ideología contenida en la Constitución Política de 1993 y el Código Procesal Civil del mismo año. Así, para la primera, «la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado», reconociendo, además, una serie de garantías procesales dentro de su cuerpo normativo, tal como se puede apreciar en su artículo 2, así como en el 139.Por su parte, la segunda de las normas indicadas establece que «Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso».

Estos derechos (tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso) se encuentran contenidos en el artículo 139 de nuestra Constitución. Ello, en concordancia con lo expresado por Haberle "Un principio constitucional portador de los valores sociales y de los derechos de defensa de los hombres, que prohíbe consiguientemente, que la persona sea un mero objeto del poder del Estado o se le dé un tratamiento peligroso a la cuestión principal de su cualidad subjetiva, que afirma las relaciones y las obligaciones sociales de los hombres, así como también su autonomía» (Landa, 2019, p.10).

En dicha virtud, para afirmar que la dignidad no solo debe entenderse como un valor recogido como principio constitucional, sino también como un generador de derechos fundamentales, que actuará como eje fundamental en la actividad del Estado en general y en específico en los magistrados del Poder Judicial. Por consiguiente, se incita a buscar la realización de acciones efectivas para el logro de los fines del Estado y desarrollo del hombre.

En ese sentido, al ser la persona humana el fin supremo de toda sociedad y del Estado, ello implica que para todo proceso el fin supremo también es este o, mejor dicho, sus derechos o intereses. Por lo tanto, el proceso es concebido (y debe continuar siéndolo) como se expresa a continuación:

Medio de protección de los derechos materiales, desde la perspectiva del Estado constitucional. Dicha explicación se realiza a partir del rol preponderante que debe tener la dignidad de la persona en toda explicación jurídica. Desde allí, es preciso identificar los valores del Estado constitucional que justifican y explican el proceso (...). Todas las instituciones procesales deben ser definidas en función de esa concepción del proceso y todas las normas procesales deben permitir la vigencia de los derechos fundamentales procesales con mira a la realización de los derechos materiales. Ninguna otra debe ser la finalidad ni la razón de ser de ellas. (Priori, 2019, pp. 15-16)

Así, las acciones del Estado deben estar dirigidas a efectivizar los derechos de las personas, en el caso concreto del Poder Judicial y en específico de los jueces civiles. Es importante sostener que aun cuando el contenido de la norma procesal está a cargo de los legisladores, el magistrado debe hacer uso del anotado cuerpo legal y de la Constitución para resolver los conflictos en forma oportuna y en justicia.

Lo mencionado ya viene siendo acogido desde hace algún tiempo por el Tribunal Constitucional, el que en su STC n.º 206-2005-PA, f.j. 5, reconoce que todos los jueces del Poder Judicial (y por ende los civiles) son los primeros garantes de los derechos fundamentales de las personas que se vienen discutiendo dentro de un proceso, cuando ha señalado lo siguiente: «En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial, a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la carta magna, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades protegidos por la Constitución».

En tal sentido y como se viene sosteniendo, el proceso civil debe girar en torno de la protección los derechos fundamentales de la persona, más aún si prima un Estado Constitucional, el mismo que en su noción material implica el reconocimiento «de ciertos valores que giran en torno a la dignidad de la persona, en la forma democrática de derecho y en el respeto de los derechos fundamentales» (Priori, 2019, p.38).

En esta línea se encuentra el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil presentado por el grupo de trabajo constituido por Resolución Ministerial n.º 181-2017-JUS, el mismo que fuera publicado por Resolución Ministerial n.º 070-2018-JUS el 5-3-2018, el que en su exposición de motivos, de manera expresa, hace mención a dichos principios procesales constitucionalizados. En ellos se expresan que las normas procesales son un vehículo para la prestación eficaz del servicio de justicia (i). Se tiene el proceso como base y finalidad el más completo respeto a la dignidad de la persona humana. Es decir, lo concibe como un servicio brindado por seres humanos para seres humanos (ii). Coloca a la persona humana como centro del sistema de justicia, debiendo buscar el proceso la realización de los derechos fundamentales (iv) y si bien es cierto que hasta la fecha nos encontramos f rente a un proyecto, no lo es menos que el respeto de la persona humana durante la prosecución de un proceso debe ser el principal reto de todo magistrado.

En tal sentido, este es el primer reto que debe asumir el magistrado civil y de cualquiera otra especialidad. El juez debe continuar concibiendo a los intereses y derechos de la persona humana como fin supremo del proceso (civil o cualquier otro proceso que sea encargado de resolver). Así se contribuirá con la consolidación de aquella como tal dentro de la sociedad y del Estado y proteger a través del proceso sus derechos fundamentales. El juez Eto (2017) manifiesta:

Es una pieza clave en convertirse en el garante jurisdiccional en tutelar y restablecer los derechos que se ven menoscabados. De allí la necesidad de contar con un perfil de juez de una concepción plural y abierta, y no reduccionista y cerrada en la protección de los derechos fundamentales. (p.15)

Sobre el particular es importante anotar que en la actualidad dicho pensamiento es acogido por los jueces de la especialidad civil, efectivamente, hace algunos meses magistrados han tomado iniciativa de mejorar los procesos civiles con eficiencia y eficacia. Así, recogiendo algunos instrumentos del Código Procesal Civil (en reforma) se pretende privilegiar la oralidad en los procesos civiles, el cual junto al principio de inmediación, que implica el principio de inmediación, tiene por objeto que el juez -quien va en definitiva a resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica- tenga el mayor contacto posible con todos los elementos subjetivos (intervinientes) y objetivos (documentos, lugares, etc.) que conforman el proceso» (Monroy, 2004, p.301). También, se tienen en cuenta al principio de concentración procesal, que resulta ser aquel que establece que los diversos actos procesales se lleven en un mismo acto, propende a impedir su dispersión. Se está logrando reducir los tiempos en beneficio de los justiciables.

Por ello, se debe resaltar que la inquietud por mejorar el proceso civil ha venido de los propios jueces, la cual posteriormente ha sido recogida por el órgano de gobierno para que dicha buena práctica sea replicada en otras latitudes del país. Todo ello se realiza con la finalidad de hacer efecto el derecho fundamental al debido proceso en conexión a otros que establece nuestra Constitución.

Este importante acontecimiento merece sin duda ser tratado de manera más extensa, por lo que reservo análisis para otro momento y paso a continuar con el presente estudio.

3. Necesidad de uniformizar criterios para la interpretación de las disposiciones normativas

Líneas arriba se ha mencionado al fenómeno consistente en la constitucionalización del Derecho (que abarca también al Derecho Procesal), encontrándose dentro del mismo el auge que ha alcanzado la interpretación jurídica.

Es dentro de este escenario que surge la distinción entre disposición y norma. La primera es «cada enunciado que forma parte de un documento normativo, es decir, cada enunciado del discurso de las fuentes», mientras que la segunda es «cada enunciado que constituye el sentido o significado atribuido (por alguien) a una disposición (o aun fragmento de disposición), o a una combinación de disposiciones, o a una combinación de fragmentos de disposiciones» (Guastini, 2011, p.136), de tal manera que «la disposición (enunciado por interpretar) es un enunciado del discurso de las fuentes, la norma (enunciado interpretado) es un enunciado del discurso del intérprete» (Guastini, 2011, p.138).

Así, al momento que cada juez interpreta una disposición crea una norma y si bien es cierto que las normas de un juez tendrían que ser siempre en el mismo sentido (ello en aplicación del stare decisis), nada nos asegura que las creadas por otro juez de igual nivel, pero de diferente distrito judicial (o del mismo inclusive) en casos similares sean distintas. Esto iría en contra de la seguridad jurídica, derecho que comprende, entre otros, a la calculabilidad por la cual «el justiciable tiene derecho a prever razonablemente las consecuencias jurídicas del comportamiento del Estado f rente al trámite del proceso y de su resultado» (Cavanni, 2014, p.76).

El derecho a la seguridad jurídica va directamente relacionado con el principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales, y ambas han sido reconocidas de manera expresa por el Tribunal Constitucional en diversa jurisprudencia. Así, por ejemplo, a través del Expediente n.° 16-2002-AI/TC, donde el máximo intérprete de la constitución ha señalado lo siguiente: «La seguridad jurídica como principio constitucional».

1. El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La previsibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. [...]

2. Así pues, como se ha dicho, la seguridad jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo, desde luego, a la norma fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, [...]».

Es en este escenario otro de los retos para los jueces civiles es el de uniformizar criterios interpretativos. Esta acción se realiza con la finalidad de buscar la previsibilidad del Derecho, pues esta «no solo es un factor de gran importancia para optimizar la administración de la justicia, sino también, algo imprescindible para el desarrollo de la sociedad en un contexto de respeto al derecho» (Marinoni, 2013, p.41). Lo contrario, esto es, la existencia de normas contradictorias como resultado de la interpretación de las disposiciones normativas, contribuiría a la anarquía dentro del Derecho y de la administración de justicia.

Uno de los principales obstáculos para lograr la uniformización de los criterios jurisdiccionales es la denominada discrecionalidad del juzgador. En efecto, como es ampliamente conocido, el juez puede interpretar a discreción como mejor crea conveniente una determinada norma para resolver una determinada incertidumbre jurídica. Sin embargo, al existir diversos criterios de interpretación, genera que, en muchos casos, los fallos judiciales devengan en contradictorios sobre las mismas materias.

Es necesario tener en cuenta que de ninguna manera se pretende quitar la potestad discrecional del juez, ya que ello implicaría también un daño al sistema judicial. Sin embargo, sí resulta necesario uniformizar los criterios de interpretación, pues con ello, también podría lograr la uniformización de los criterios jurisdiccionales.

En tal sentido, los criterios interpretativos a ser empleados por los magistrados deben uniformizarse, debiendo para ello dejar de lado los considerados por el legislador histórico al momento de promulgar la disposición, para interpretar al texto valorando aspectos morales, culturales, económicos y políticos de su momento histórico (Marinoni, 2013, p. 61), lo cual revelará, siguiendo al mismo autor, una interpretación «no estática» y «acorde con las necesidades sociales y a la adecuación del Derecho», con lo cual se le dará a este, y por ende al proceso, un verdadero carácter de ciencia social al servicio del ser humano y de sus derechos e intereses.

Sobre el particular, luego de las citas doctrinarias efectuadas, así como jurisprudenciales, corresponde una ubicación en el contexto actual, confirmando lo señalado. El derecho por ser un fenómeno se desarrolla a través de la historia. Esta lo hace alterable y elástico. Se afirma entonces que la aplicación del derecho contiene en sí mismo un dinamismo y no es posible aplicar el derecho de forma mecánica ni de manera indefinida.

4. El reforzamiento del papel de la Corte Suprema como Corte de vértice, así como de la unidad dentro del Poder Judicial

El presente reto no es sino una consecuencia del anterior. Así, no solo es suficiente que los magistrados empleen los mismos criterios al momento de interpretar determinada norma y que este acto tienda a buscar la satisfacción de las necesidades sociales a través de Derecho, sino que, como colofón, lo resuelto por los jueces sea uniforme y obligue a los justiciables ante futuros casos similares.

Es en este punto en donde juega una vital importancia la existencia de una Corte de vértice, la misma que, como lo señala Daniel Mitidiero, resuelva hacia el futuro a través del precedente, al que considera como «el f ruto de la reconstrucción del sentido de la ley (...) el último garante y de la igualdad y cognoscibilidad del Derecho en el modelo de Corte Suprema» (Mitidiero, 2016, p. 115).

Sin embargo, tal unificación del Derecho será lograda solo si previamente se ha alcanzado la unidad dentro de los jueces que conforman el Poder Judicial. Es decir, cuando «el juez asume ser parte de un todo en donde el respeto a la igualdad y la promoción de la seguridad jurídica dependen de la actuación conjunta y coordinada –esto es orquestada- de todo el Poder Judicial» (Mitidiero, 2016, p. 115).

En efecto, los precedentes serán aplicables a todos los que dependan o se encuentren condicionados a las decisiones del Poder Judicial. Es decir, serán obligatorios para todos lo que litigan en el mismo (independientemente de las situaciones en la cuales es factible separarse de los criterios contenidos en los mismos, que no son materia de este trabajo).

El sistema jurídico se rige por el denominado civil law, el cual consiste básicamente en la aplicación de normas legales escritas para la resolución de las controversias. Sin perjuicio del sistema judicial, es necesario tener en cuenta que la ley no es la única fuente de derecho aplicable. En efecto, el derecho también se rige por la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho, entre otros. En ese sentido, al ser la jurisprudencia una de las fuentes más utilizadas del derecho, después de la ley, es de suma importancia que esta se encuentre uniformizada.

Para que ello ocurra, como ya fue señalado previamente, debe existir, en primer lugar, uniformización de los criterios de interpretación por parte de los jueces del Poder Judicial. Para lograr ello, es necesario que exista una unidad jurisprudencial por parte de los magistrados de la Corte Suprema.

Por lo expuesto, la unidad por parte de los magistrados para la expedición de precedentes judiciales en la Corte Suprema es otro de los retos que estos deben asumir. Ello tomando en consideración que uno de los principales problemas que afecta al sistema es la inexistencia de uniformidad en los fallos judiciales.

Sobre este rubro la autora precisa que resultaría necio afirmar la inexistencia de discrepancias respecto de la aplicación e interpretación de algunas normas para la solución de algunos conflictos. No es menos cierto que los jueces de la especialidad continúan llevando adelante plenos jurisdiccionales en los cuales se debaten precisamente temas peliagudos y complejos, esto con la finalidad de unificar criterios, buscando lograr uniformidad de las decisiones, siempre en beneficio de los justiciables.

5. El empleo adecuado de las técnicas procesales y desaparición del formalismo exacerbado (ritualismo) en el proceso

A lo largo de la historia, la concepción del proceso ha variado. Así, en una primera etapa este fue considerado como una mera técnica, para luego dar lugar a la etapa del procedimiento. Este se encontraba condicionado a la ley como única forma de protección al ciudadano. Surge el formalismo que exigía un respeto exagerado de la forma. Luego se pasó a la etapa científica del derecho procesal, para, finalmente, entrar a la de la constitucionalización del derecho y del proceso.

Esta última etapa en la historia del derecho procesal dio lugar, como se ha señalado, a la preponderancia de los derechos e intereses del ciudadano sobre las formas o técnicas que se tengan que utilizar dentro del proceso. Esto trae como consecuencia el destierro de todo formalismo y un adecuado uso de las técnicas procesales.

Pues bien, el profesor Priori (2019) manifiesta que «el culto a la ley y a las formas llevó a una concepción conforme a la cual lo trascendente en el proceso era mantener las formalidades y los procedimientos. Este fue el reino del ritualismo. Y en dicho reino, la nulidad encontró un escenario perfecto para gobernar. Todo lo que no cumpliera la formalidad y el procedimiento sería nulo» (p. 33).

En el Código Procesal Civil se encuentra una concepción antirritualista, tal como se puede apreciar de su artículo 171, el cual rige precisamente las nulidades procesales y que en su segundo párrafo señala que «cuando la ley prescribe formalidad determinada bajo sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, este será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito». Asimismo, en el segundo párrafo del artículo 9.° del T.P. Indica que, en cuanto a las formalidades, «el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso».

Sin embargo, este último dispositivo comienza señalando que «las formas procesales consideradas en este código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Las formalidades previstas en este código son imperativas». Ello, a primera vista, podría resultar contradictorio con lo señalado en los otros dispositivos y con lo que hemos señalado.

Es por ello que, no se debe confundir forma con formalismo. Para Alvaro de Oliveira (2007), «es el envoltorio del acto procesal, la forma como este debe exteriorizarse, se trata por tanto del conjunto de signos por los cuales la voluntad se manifiesta y de los requisitos a ser observados en su celebración» (p. 28). Por su parte, el formalismo deriva de la concepción de la forma en sentido amplio, esto es «las condiciones de lugar y tiempo en que se realiza el acto procesal», las mismas que son extrínsecas al acto, «luego son circunstancias que, por delimitar los poderes de los sujetos procesales y organizar el proceso integran el formalismo procesal. Estas circunstancias no intrínsecas al acto, constituyen exactamente las formalidades» (ibídem, p. 29). Estas precisamente son las que tienen que ser rechazadas por ser innecesarias, pues pretender su observación trae como consecuencia el mencionado formalismo. Esto es «una verdadera exageración del fenómeno, pues no toma en cuenta la razón de ser de la exigencia formal y desprecia solemnemente la principal idea que se encuentra en la base de cualquier y todo requisito de esa naturaleza, cuya función es impedir que el proceso se transforme en sinónimo de complejidad ritual: la instrumentalidad de la forma» (Dos Santos, 2010, p. 599).

En tal sentido, el reto del magistrado civil es precisamente la erradicación del formalismo dentro del proceso. Es conveniente mencionar, también, que la Reforma de del Código Procesal Civil, en su exposición de motivos, señala que «el sistema de justicia debe ser visto como un servicio integral, de modo que las normas procesales son solo un vehículo para prestar de modo eficaz este servicio» (1), para más adelante agregar que «el proceso así concebido repudia los formalismos» (4), posición esta más categórica a la asumida por el Código Procesal Civil.

Finalmente, el control del uso adecuado de las técnicas, esto es de «los medios destinados a que esos instrumentos (el proceso) alcance su objetivo mayor» dentro del proceso civil también constituye otro reto para los magistrados.

En efecto, la técnica, «debe ser concebida a la luz de los principios que rigen el sistema jurídico del país, especialmente aquellos de naturaleza constitucional» (Dos Santos, 2010, p. 95). Ello por cuanto de no observar reglas o valores (como también lo señala el profesor Priori) «generaría que en el proceso se den situaciones de desigualdad, y, a su vez, convertir a los procedimientos en impredecibles» (Priori, 2019, p. 32), lo cual va en contra de la esencia de un proceso (o procedimiento) en un Estado constitucional.

Abunda a lo expresado lo señalado en el art. 3.° del T.P. del C.P.C., al establecer que la finalidad abstracta de todo proceso es lograr la paz social en justicia, resulta un reto para el juez el velar por el uso adecuado de las mismas dentro del proceso. Actualmente, los magistrados civiles se encuentran af rontando el reto de desaparecer el excesivo ritualismo en el proceso; y es que tal como se señaló al concluir el primer reto (eje), desde hace unos meses jueces civiles del interior de la república tuvieron la idea de privilegiar la oralidad en los procesos. Esto es, dando contenido a algunas normas del Código Procesal y aun cuando no está recogido ni determinado como un principio en el mismo, se ha entendido que se subsume dentro de los principios de inmediación y concentración procesales. Lo cierto es que al dejar de lado la excesiva escrituralidad y desarrollo de audiencia a la cual llega el magistrado con pleno conocimiento del conflicto, se viene logrando de manera exitosa la reducción de plazos.

Efectivamente, hoy en día se viene asumiendo que los procesos judiciales distan en cuanto a sus resultados ya sea porque en ellos prima la escrituralidad o la oralidad, por tratarse de tendencias procesales que se oponen entre sí, respecto de lo cual expresó Vescovi (1984): «Significa la introducción en el proceso de postulados básicos de inmediación, concentración publicidad, eventualidad y apreciación racional de la prueba» (p. 58).

Con lo expuesto debe traslucir que la oralidad viene siendo asumida por los magistrados de la especialidad como un elemento central en el proceso a través de las audiencias; esto a despecho que no se encuentre de manera taxativa en la norma procesal y aun cuando la reforma del Código Procesal Civil está en desarrollo ante el poder legislativo.

Otro aspecto importante es el uso de la informática e instrumentos de vanguardia, que servirán para el eficiente desarrollo y fines del proceso civil; claro, siempre con el apoyo de la administración de la institución y los correspondientes recursos que deberá aportar el estado a través del ejecutivo

6. Conclusiones

De lo que se ha expuesto en estas líneas, se concluye que la defensa de la persona humana debe continuar siendo el eje de las garantías procesales, las cuales deben garantizar la eficacia de los derechos fundamentales, resultando alentador que la judicatura de la especialidad civil en los hechos lo asuma de tal manera.

Del mismo modo, se concluye que resulta impostergable la uniformización de criterios en las decisiones, a efectos de alcanzar la previsibilidad del derecho en la administración de justicia y procurando seguridad jurídica a los justiciables para lo cual evidentemente la Corte Suprema debe erigirse como corte de vértice.

De otro lado, resulta necesario erradicar de la práctica procesal el excesivo formalismo debiendo lanzar la mirada a un adecuado y eficiente uso de las técnicas procesales en beneficio del justiciable y del proceso en sí mismo, conforme se viene haciendo con la valorización e ingreso de la oralidad en los procesos civiles, en procura de alcanzar la solución del proceso en menor plazo.

Referencias

Landa, C. (2019). Dignidad de la persona humana. Ius Veritatis 2, p. 10.

Priori, G. (2019). El proceso y la tutela de los derechos. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Eto, G. (2017). El amparo: los derechos fundamentales y otros conceptos claves en el proceso de amparo. Gaceta Jurídica

Monroy, J. (2004). Los principios procesales en el código procesal civil peruano, la formación del proceso civil peruano. Palestra

Cavanni, R. (2014). La nulidad en el proceso civil. Palestra Editores

Marinoni, L. (2013). Unidad del derecho y la cultura, en cultura, unidad del derecho y cortes supremas. Raquel Ediciones

Mitidiero, D. (2016). Dos modelos de corte de vértice: cortes superiores y corte suprema, en la misión de los tribunales supremos. Marcial Pons

Alvaro de Oliveira, C. (2007). Del formalismo en el proceso civil (Propuesta de un formalismo-valorativo). Palestra Editores

Dos Santos, J. (2010). Efectividad del proceso y técnica procesal. Communitas

Vescovi, E. (1984). Teoría general del proceso. Temis.